Una nueva multa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) por cerca de tres mil millones de pesos precipitó la quiebra de la compañía acerera y dejó contra la pared a Petróleos Mexicanos (Pemex) en su intento de recuperar los daños ocasionados por la compra con sobreprecio de la planta Agronitrogenados.
La sanción fiscal impuesta por el SAT en un entorno complejo para Altos Hornos, con sus instalaciones tomadas y la imposibilidad de acceder a sus registros contables, ocasionó que inversionistas extranjeros retiraran la inversión que estaba a punto de cerrarse y que no llegaran.
Ademas de los más de cien millones de dólares que estaban destinados para Pemex como parte del acuerdo firmado desde el 2021 con Alonso Ancira.
Ahora Pemex tiene que decidir entre cobrarse el adeudo con bienes de AHMSA lo que despedazaría aún más a la acerera, o reactivar el proceso contra Ancira lo que podría dejarlos, al final de la historia, con las manos vacías.
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Dos fuentes que participaron en todo el proceso de negociaciones para rescatar a Altos Hornos confirmaron por separado a MILENIO que la imposición de los nuevos créditos fiscales del SAT echó por la borda un trabajo de negociación de más de año y medio en el que participaron Pemex, directivos de AHMSA, inversionistas extranjeros, la Procuraduría Fiscal de Hacienda, abogados, entre otros.
Como parte de esa negación se había conseguido ganar tiempo y ampliar hasta noviembre el plazo que originalmente venció en diciembre de 2023 para que Pemex recibiera los cien millones de dólares restantes del acuerdo que Ancira firmó por el caso Agronitrogenados.
Esto mientras se concretaban los compromisos de inversión con inversionistas extranjeros como China Steel Corporation y Argentem Creek Partners.
“Esa negociación estaba por cumplirse, sin embargo, el SAT, sin verificar el impedimento en el que AHMSA se encontraba para responder sus requerimientos, le impuso créditos fiscales por 3 mil millones de pesos. Evidentemente, esto terminó ahuyentando a los inversionistas”, dijo uno de los funcionarios que participó en las negociaciones, pero pidió reserva con su nombre.
El impedimento al que se hace referencia está relacionado con la toma de las instalaciones centrales de la empresa en Coahuila que trabajadores sindicalizados hicieron desde abril de 2023 ante los retrasos en pagos como resultado de los problemas de fluidez en la compañía.
Esta situación impedía a los administradores acceder a los libros contables y responder a los requerimientos del SAT para aclarar las aparentes irregularidades fiscales.
Pese a ello el SAT decidió dar por incumplido los requerimientos e imponer las sanciones millonarias.
Las fuentes consultadas dijeron que se hizo del conocimiento de dicho organismo encabezado por Antonio Martínez Dagnino las repercusiones que eso tendría en un rescate que el propio gobierno impulsaba para no poner en riesgo la fuente de trabajo de seis mil personas, pero bajo la premisa de que no podía eludir sus facultades se determinó imponer los créditos fiscales.
El 9 de agosto AHMSA anunció en un comunicado dirigido al público inversionista que la compañía entró en fase de quiebra al no contar con el flujo de recursos para pararle a sus acreedores.
Daño colateral a Pemex
El hundimiento de AHMSA no sólo afecta a esa empresa y sus trabajadores, sino también pone en riesgo un acuerdo reparatorio que, en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió como un logro en el combate a la corrupción en México.
En abril de 2021, Alonso Ancira firmó un acuerdo con Pemex en el que el empresario se comprometió a pagar 216 millones de dólares en un plazo de tres años y con ello reparar el daño ocasionado al erario por la venta con sobreprecio de la planta Agronitrogenados en el sexenio pasado.
Una venta que estuvo precedida de un presunto pago de sobornos al entonces director de la petrolera, Emilio Lozoya.
Tras la firma del acuerdo Ancira salió de prisión y entre 2021 y 2022 se realizaron pagos parciales por un total de 104 millones de dólares, pero el tercer y último pago por 112 millones no llegó y el plazo se venció el 30 de noviembre de 2023.
En enero pasado y con la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR) el Consejo de Administración de Pemex aceptó prorrogar el plazo para que Ancira a través de AHMSA realizara este último pago.
Y aunque dicho plazo vence en noviembre próximo, las fuentes consultadas indicaron que con la quiebra se vuelve imposible que haya liquidez para cubrir ahora este adeudo.
Ello deja a Pemex con dos opciones; una de ellas es resignarse a no recibir el dinero y hacer efectivo el pago con bienes de la compañía dados como garantía en el acuerdo. El problema es que esto significaría despedazar a AHMSA volviendo aún más complejo un eventual rescate.
Si bien Ancira cedió sus acciones estas difícilmente tienen el valor suficiente al corresponder ahora a una empresa quebrada.
La otra opción es dar por incumplido ante el juez federal el acuerdo y reactivar el proceso contra Ancira.
Esta es la alternativa por la que la FGR se inclinaba luego de que el empresario falló en cumplir el pago en los plazos originales, pero ello abriría la puerta para que Pemex tuviera que regresar los cien millones que Ancira ya pagó sumado a la complejidad de reactivar un caso que se ha venido tambaleando.
La sóla firma de este acuerdo reparatorio ha sido motivo de diversas demandas y controversias por supuestas irregularidades desde 2021 a la fecha. En 2023 la Fiscalía General de la República inició una serie de carpetas de investigación para indagar posibles casos de tráfico de influencias en diversas acciones, entre las que figura este caso.
¿Qué pasa con Agronitrogenados?
La investigación por la compra con sobreprecios de la planta Agronitrogenados durante la gestión de Emilio Lozoya en Pemex fue uno de los casos de mayor impacto impulsados por la FGR y por la actual administración como parte del combate a la corrupción; sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido llevar a buen puerto.
Además del tema de Ancira está la situación no resuelta de Emilio Lozoya. En un inicio el gobierno negoció con él y en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex realizada el 9 de marzo de 2022 se aprobó la firma de un acuerdo reparatorio a cambio de un pago de diez millones de dólares por este caso y otro proceso.
En el acta de dicha sesión, de la que MILENIO tiene copia, el consejo valoró —no sin algunas voces disidentes de por medio— que era mejor firmar este acuerdo en vez de arriesgarse a un proceso donde la carga probatoria no era muy amplia.
Además, la abogada de Pemex recordó que este acuerdo se sumaba al ya firmado por Ancira.
Sin embargo, una declaración en una conferencia matutina del presidente López Obrador, en el que consideró que lo pactado con Lozoya era muy inferior respecto a lo que supuestamente pagaría Ancira, ocasionó que Pemex se arrepintiera de última hora del acuerdo y este se cancelara a minutos de ser presentado ante el juez.
A partir de ello el proceso penal contra Lozoya ha avanzado de forma accidentada. La defensa del ex funcionario criticó el rompimiento del acuerdo y compararon la exigencia de montos más altos con una “extorsión”.
En 2023, un juez federal determinó cancelar el proceso contra Lozoya al considerar que el acuerdo con Ancira lo beneficiaba a él. En 2024 por decisión de un tribunal federal fue reactivado.
La FGR acusó a Lozoya del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y solicitó una condena de 15 años de prisión en su contra.
El problema es que el proceso se encuentra nuevamente detenido debido a una serie de amparos con los que el exdirector de Pemex busca que se anulen las pruebas bancarias en su contra, como ya lo consiguió en el proceso de Odebrecht.
RM