La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato.
Las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa dieron entrada a la controversia y concedieron la suspensión a la Consejería Jurídica. Sin embargo, no se aclara cuáles son los alcances de la medida cautelar otorgada pues, hasta el día de hoy, no se ha publicado la versión pública de su resolución.
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Hace unas semanas, antes de pasar al retiro, el ministro Fernando Franco Gonzáles Salas ordenó al INE ajustar su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro rechazó otorgar la suspensión al INE en la controversia constitucional presentado por el organismo contra el recorte de su presupuesto de 4 mil 913 millones de pesos.
Fernando Franco señaló que, a pesar de los recortes presupuestales, el INE debía realizar la consulta sobre revocación de mandato o, de lo contrario, podría incurrir en responsabilidades administrativas o penales.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al instituto y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, detalla el acuerdo.
El INE alegó que el recorte de 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto para el año próximo le impide llevar a cabo la consulta.
Pese a la decisión del ministro Franco González, el 17 de diciembre, el Consejo General del INE determinó por mayoría, con seis votos a favor y cinco en contra, posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato del Presidente de la República como medida extraordinaria, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.
“Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”, declaró el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
ROA