La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un amparó a una mujer indígena adulta mayor, de origen chinanteco y monolingüe, quien estuvo 78 días en prisión luego de ser señalada por un presunto delito de peculado a raíz de los recursos que recibió de un programa de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en Oaxaca.
Por unanimidad, el pleno propuso conceder la protección de la justicia, sentencia que deja sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en 2025.
SCJN ampara a mujer chinanteca
El fallo de la Corte ordena al TFJA a que emita una nueva resolución, para que analice el asunto con enfoque interseccional, es decir, para que se tomen en cuenta factores de discriminación o desventaja, como género, edad, origen étnico y lengua, y para que valorar nuevamente el resto del material probatorio y determine si se actualiza la responsabilidad patrimonial.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, fue la ponente del caso, quien aceptó modificar su proyecto tras las observaciones que realizaron varios ministros.
Antecedentes del caso
Es de mencionar que, el 10 de septiembre de 2025, la Décima Primera Sala Regional del TFJA confirmó la decisión de la Secretaría de Bienestar, la cual declaró infundada la reclamación de la mujer.
La quejosa formó parte de un grupo comunitario denominado “Independencia”, que participó en el Programa Opciones Productivas, en su modalidad de Fondos de Cofinanciamiento, el cual se aplicó en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
El objetivo del programa era poner en marcha un proyecto de reproducción y crianza de cerdos, por lo que los recursos económicos fueron entregados al representante del grupo.
Sin embargo, después de una auditoría, la entonces Sedesol detectó irregularidades en la comprobación y ejecución del proyecto, por lo cual, solicitó a los integrantes del grupo aclarar el destino de los recursos o reintegrar el subsidio.
Ante el incumplimiento, la dependencia presentó una denuncia por el presunto delito de peculado contra todos los integrantes.
El primero de octubre de 2012, se consignó la averiguación previa y se ejerció acción penal contra la mujer y otras personas. Pero la orden de aprehensión fue ejecutada hasta el 18 de junio de 2019.
El 11 de noviembre de 2019, el juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo anterior, en acato a una sentencia de amparo.
Ante esa situación, la mujer presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado contra diversos funcionarios de la Secretaría de Bienestar, la cual quedó registrado el 5 de octubre de 2021.
RP