La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a establecer cuál es el alcance constitucional y convencional para proteger los derechos humanos de las personas que se dedican al trabajo sexual en el país.
El ministro Irving Espinosa Betanzo propuso al Pleno reasumir su competencia para conocer un amparo en el que se impugnan las sanciones que se imponen en Puebla a quienes ejercen dicha labor.
Por ser de interés y trascendencia, la mayoría aceptó conocer el caso, por lo que ahora el asunto será turnado a un ministro para que elabore el proyecto de sentencia y sea debatido en próximas semanas.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía dijo que este asunto les permitiría plantear la necesidad de definir los alcances constitucionales, pero además convencionales, para proteger los derechos humanos de las personas que ejercen este tipo de trabajo.
Asimismo, señaló que abrirá la puerta para determinar si las autoridades municipales tienen límites frente a los derechos de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, a la libertad de trabajo, a la vida, a la libertad a la igualdad, a la no discriminación, pero también a la integridad personal.
“Nos permitiría precisar cuáles son las obligaciones positivas del Estado en cuanto a la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar condiciones de seguridad y de salud, para quienes realizan esta actividad”, comentó Figueroa Mejía.
Arístides Guerrero destaca discriminación y violación de derechos
Por su parte, el ministro Arístides Guerrero García señaló que las trabajadoras sexuales de todo el mundo sufren una discriminación generalizada y violaciones de sus derechos humanos, como detenciones, reclusiones arbitrarias, violencia a manos de agentes estatales y actores privados.
Además, agregó que también enfrentan la falta de acceso a la atención sanitaria y a los servicios sociales, lo que se suma a los diferentes obstáculos para acceder a la justicia, injerencias en la vida privada y familiar, así como la exclusión de la vida civil, política y cultural.
“Esto, citando, insisto, el 39 periodo de sesiones de este grupo de trabajo, sí se trata de un ámbito donde existe un déficit de protección estatal reflejado en la falta de acceso a verdaderos servicios de salud, justicia y mecanismos efectivos de defensa", refirió Guerrero.
Asimismo, enfatizó que el asunto ofrece a esta Suprema Corte, la oportunidad de delimitar el alcance constitucional de las trabajadoras sexuales, particularmente su categorización jurídica y el tratamiento normativo.
Otros casos similares
En diciembre pasado, la Corte echó abajo los cobros diferenciados que impuso el Congreso de Oaxaca a las trabajadoras sexuales de la capital del estado para recibir atención médica en el Centro Municipal de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual.
El Pleno calificó como un acto discriminatorio realizar cobros distintos a las personas que trabajaban en la vía pública, bares, centros nocturnos o casas de citas.
Por ello, invalidó diversas porciones normativas de la Ley de Ingresos del municipio de Oaxaca, por establecer este tipo de cobros para la prestación de servicios de salud.
AG