La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme una sentencia que emitió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y que evita de manera definitiva que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobre un crédito fiscal por 4 mil 306 millones 799 mil 683.86 pesos a la empresa Juegos del Bajío.
Hoy, la ministra Lenia Batres Guadarrama, por segunda ocasión, quiso traer el caso a la Corte, ahora tras el fallo del TFJA. Por ello, propuso al Pleno ejercer su facultad de atracción, para realizar una revisión fiscal del asunto, pues dijo que esto permitiría determinar si las pruebas aportadas por la compañía durante el litigio fueron “auténticas” o “fraudulentas”, para acreditar hechos.
“El interés en este asunto, es que este tipo de casos evidentemente fraudulentos no se queden en la impunidad. No se trata de perseguir a nadie por motivos personales, mucho menos, ni mucho menos, sino de hacer cumplir la ley con independencia de quien la haya infringido, pues este caso, pues es una empresa dedicada a las apuestas”, declaró.
Sin embargo, siete ministros le dieron la espalda y solo se unió a su petición Sara Irene Herrerías Guerra, ministra que se ha caracterizado por apoyar o impulsar proyectos en los que se busca que casos fiscales sean revisados.
Los motivos de Lenia
El 7 marzo de 2025, cuando el litigio de Juegos del Bajío aún no estaba fallado, Lenia Batres se sumó a la petición del SAT de que la Corte atrajera el caso.
En aquella ocasión, ella formaba parte de la entonces Segunda Sala de la Corte.
En esa fecha, la ministra Yasmín Esquivel Mossa y los ministros Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán votaron contra la propuesta, por considerar que no era de interés y que debía resolverse en tribunales.
Batres insistió en que el asunto debía ser atraído para crear una jurisprudencia que ayudara a fortalecer la defensa de los intereses de la Federación.
La decisión de la mayoría, dijo, era contraria al orden público y al interés social, porque impide que las autoridades puedan defender las prioridades del Estado mexicano, como es el caso de la nulidad de créditos fiscales.
Gobierno buscaba los recursos
Es de mencionar que, el 12 de mayo de 2023, en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, declaró que el gobierno federal no solo quería recuperar el crédito fiscal, sino también que se cancelara el permiso a la empresa de juegos y apuestas, que fue otorgado durante el sexenio de Vicente Fox.
¿Fraude?
Hoy, Batres sostuvo que el caso ameritaba la atención del máximo tribunal porque la empresa habría presentado un contrato de mutuo que, según el SAT, sería apócrifo.
El documento buscaba acreditar que la persona que recibió la notificación del crédito fiscal se encontraba en otra entidad federativa en esa fecha.
De acuerdo con la ministra, el TFJA declaró la nulidad del crédito al considerar ilegal su notificación y concluir que habían caducado las facultades de la autoridad fiscal para emitirlo.
El SAT, añadió, presentó como prueba un testimonio escrito del notario que supuestamente dio fe del contrato; el fedatario habría negado la existencia del acto y desconocido las firmas y sellos del documento.
Batres señaló que esas pruebas no fueron admitidas porque se presentaron el mismo día en que se resolvió el juicio, el 31 de enero de 2024.
Si la Corte ejerce su facultad de atracción, dijo, podría analizar la autenticidad de los documentos y las consecuencias jurídicas de presentar pruebas presuntamente falsas en un proceso administrativo.
La ministra afirmó que el asunto tiene relevancia ante el riesgo de que documentos apócrifos se utilicen para dejar sin efecto créditos fiscales de elevada cuantía.
LG