La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el sistema de adquisición de medicamentos y equipo médico en el extranjero y sin licitación, que ha utilizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la pandemia del covid-19, seguirá luego de que los ministros presentaran distintas posturas en este asunto.
Durante la sesión pública de este martes, el Pleno del máximo tribunal del país desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición, quienes promovieron este juicio en contra de las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que permite que el gobierno federal adquiera insumos de salud a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), además de participar en el sistema mundial de acceso equitativo a las vacunas contra el covid-19, conocido como Covax.
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Los senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que estas modificaciones de ley eran contrarias a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, del artículo 134 de la Constitución, que norman toda clase de adquisiciones con fondos públicos.
Sin embargo, la SCJN no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para invalidar la reforma que avala las compras consolidadas de medicamentos y material de curación por conducto de la (UNOPS).
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de elaborar el proyecto, propuso que el párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público viola el artículo 134 constitucional, el cual indica que las compras públicas se harán en licitaciones que garanticen las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado.
Sin embargo, al analizar el asunto, cinco ministros coincidieron en que si la norma era anulada se presentarían una serie de complicaciones para que el Estado mexicano adquiera medicinas en un momento de pandemia lo cual, a su parecer, es innegable.
"En un momento como este no podemos desconocer las consecuencias que traería invalidar este precepto. La norma impugnada establece una base normativa específica pues prevé una finalidad que justifica plenamente la flexibilización del régimen de contrataciones públicas a través de un modelo concreto", expuso el ministro presidente, Arturo Zaldívar.
DMZ