El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará la constitucionalidad de la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional.
Durante la sesión pública de este miércoles, los cinco ministros que integran la segunda sala del máximo tribunal del país acordaron que sean los 11 ministros los que resuelvan este asunto.
Se trata de un amparo interpuesto en abril de 2019 por México Unido Contra la Delincuencia en contra de los artículos 25, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Guardia Nacional “por violar el mandato constitucional de crear una institución civil”.
En la demanda, la asociación civil argumentó que dicha ley centraliza las labores de seguridad al mando del Ejecutivo, “invadiendo competencias de estados y municipios y subordinado a las autoridades locales a la Guardia Nacional”.
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También aseveró que dicha ley “no establece supuestos que garanticen que la corporación se mantenga como un cuerpo civil, y que no hay mecanismos para asegurar que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al interior de la Guardia Nacional sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada”.
Ministro ve en riesgo seguridad pública del país
Al llegar a la segunda sala de la SCJN, el proyecto fue elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas, quien propuso negar el amparo a México Unido Contra la Delincuencia.
El ministro decano advirtió que de otorgar el amparo se pondría en riesgo la seguridad pública del país.
“De separar de la Guardia Nacional a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que ya se encuentran formando parte de la institución en cuestión, se podrían generar afectaciones graves a la persona moral quejosa y a la sociedad en general.
“Resulta un hecho notorio que la Guardia Nacional es actualmente la única institución encargada de la seguridad pública a nivel federal (y local, en los casos en que existen convenios celebrados entre dicha institución y entidades federales o municipales), y los efectos del amparo pretendido, tendrían como consecuencia inmediata una merma en la integración y composición de dicho ente de seguridad”, expuso.
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Al respecto, México Unido Contra la Delincuencia celebró que el asunto será analizado por el pleno del máximo tribunal del país.
“La propuesta de resolución del ministro Franco implicaba aceptar la militarización de la seguridad pública y se negaba a analizarla para establecer límites constitucionales en la participación de militares en tareas de seguridad bajo la excusa de los posibles efectos generales de la sentencia.
“De haberse aprobado, habría marcado un precedente preocupante con respecto al acceso a la justicia, al limitar el alcance del amparo para defender ciertos derechos cuando la defensa de ellos tenga efectos generales”, consideró en un comunicado.
DMZ