La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el próximo miércoles si seguirá viva o no la controversia constitucional que interpuso la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, contra el decreto que ordena a las Fuerzas Armadas su regreso a las calles para realizar labores de seguridad.
Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Corte analizará un recurso de reclamación promovido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien impugnó la decisión de una ministra por admitir a trámite la controversia.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentará un proyecto a sus homólogos de la Segunda Sala, quienes deberán determinar si la controversia debe prevalecer o no. Si la mayoría de los cinco ministros rechaza la reclamación del Ejecutivo, la controversia seguirá viva.
El 21 de junio del presente año, la diputada Laura Rojas presentó la controversia constitucional y ésta fue admitida a trámite por la ministra Margarita Ríos Farjat.
Sin embargo, el Ejecutivo Federal mencionó que Laura Rojas no tenía facultades para promover la controversia, pero aún así lo hizo bajo el argumentó del artículo 233 del reglamento de la Cámara de Diputados.
El mencionado artículo menciona que la presidenta de la mesa directiva puede “presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los periodos de receso”. No obstante, el Ejecutivo alegó que no se daba el caso.
El pasado 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que permite a las Fuerzas Armadas participar “de manera extraordinaria” en labores de seguridad, medida que se tomó en la época de mayor violencia que vive el país.
Su presencia en las calles será hasta que la Guardia Nacional logre desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial.
La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que la participación de las instituciones castrenses, es decir, Ejército y la Secretaría de Marina, se realizará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última.
Su presencia en las calles será hasta que la Guardia Nacional logre desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial, “sin que dicha participación exceda de cinco años”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, indicó que, si bien existen avances en torno a la creación administrativa e implantación territorial de la Guardia Nacional, dicha institución aún se encuentra en proceso de consolidación, sobre todo en lo que hace al despliegue que se necesita para cubrir todo el territorio nacional.
Aseguró que “se requiere que las Fuerzas Armadas brinden su apoyo para lograr hacer frente a la delincuencia; lo cual será hasta el 27 de marzo del 2024, día en que concluye la vigencia del Acuerdo mencionando, dando cabal cumplimiento al plazo de cinco años establecido en la reforma publicada el 26 de marzo de 2019”.
jlmr