La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción y admitió a trámite un amparo que interpuso la Secretaría de la Función Pública porque la Fiscalía General de la República no le reconoció el carácter de víctima en la carpeta de investigación que inició contra Héctor Salvador Salgado Castro, ex subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Salgado Castro fue separado del cargo en enero de 2019, por orden presidencial y en junio del mismo año fue denunciado por la SFP por un presunto enriquecimiento ilícito por 8 millones 553 mil 948 pesos.
El asunto fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia. La Primera Sala de la Corte, de la cual forma parte el ministro, también ejerció su facultad de atracción en casos similares, los cuales aún no son discutidos.
La resolución que emitan los ministros de la Primera Sala marcará el camino que podrá seguir la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval en asuntos que viene denunciando ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la FGR.
De acuerdo con el expediente judicial consultado, la SFP impugnó el acuerdo ministerial del 29 de julio de 2019, emitido en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000026/2019, que negó a la dependencia la calidad de víctima u ofendida.
La secretaría promovió una demanda de garantías, pero el juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal decidió negar la protección de la justicia y consideró acertada la decisión de la FGR de no reconocer a la quejosa el carácter de víctima u ofendida, porque es una persona moral oficial y la conducta denunciada derivó del cumplimiento de sus funciones que legalmente tiene encomendadas.
La SFP detectó que Héctor Salvador realizó operaciones consistentes en depósitos y pagos a tarjetas de crédito, cuyo origen se desconoce para los ejercicios de 2013 al 2019, que suman un total de 8 millones 553 mil 948 pesos.
Salgado Castro, así como de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de PEP, y Luis Galván Arcos, gerente de operación y control financiero de Procesos Industriales y Logística, fueron separados por orden presidencial.
Apenas ayer, un juez federal ordenó confirmar el no ejercicio de la acción penal contra Miguel Ángel Lozada Aguilar, señalado por un desvío de recursos por 82 millones de pesos.
bgpa