De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y el Tráfico de Personas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, en sólo un año se duplicó el número de víctimas por trata de personas en el país, al pasar de 127 a 250.
También aumentó la cifra de víctimas menores de edad en 56.8 por ciento, desde el 2011. Destacando que entre ese año y el 2012 sólo siete personas fueron condenadas por el delito de trata de personas y 56 en 2013, lo cual equivale al 20 por ciento de las investigaciones que tenía en curso la Procuraduría General de la República.
Lo anterior se dio a conocer en el marco de la discusión e integración del dictamen que regular la participación efectiva de las organizaciones y estatales nacionales e internacionales, encaminada a la planeación, coadyuvar en la ejecución, evaluación y seguimiento de políticas, programas y acciones tendientes a prevenir, combatir, erradicar la trata de personas; así como a la atención de las víctimas y la detección de probables responsables del delito de trata en el Estado de México.
A propuesta de la diputada local, Ingrid Krasopani Schemelensky, se reforma el artículo 38 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de México, la cual data de noviembre 2013, sólo falta someter a votación el dictamen en el pleno.
Durante la elaboración del dictamen de esta iniciativa la diputada resaltó que, en 2014, durante el mandato de Eruviel Ávila Villegas, se clausuraron en la entidad mexiquense más de mil cien giros negros; situación que desde entonces no se ha vuelto a repetir.
Los diputados avalaron la propuesta de reforma que permite a las organizaciones civiles participar en esta lucha, luego que resaltaron a este como uno de los delitos de mayor impacto sobre el tejido más básico de una sociedad, debido a que las víctimas y su entorno social y familiar se ven privadas de las condiciones más elementales para el desarrollo de vida, a partir de la libertad reconocida por el Estado para auto determinarse.
Se trata, acotó la legisladora, de un fenómeno delictivo de alto impacto social y multifactorial, ejecutado por organizaciones nacionales e internacionales, perfectamente articuladas en células independientes, pero no desvinculadas, ataca principalmente a personas que se encuentran en los sectores en situación de vulnerabilidad.
MÉXICO, "EN EL NIVEL 2": EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Por otra parte, según un reporte de 2018 de la Embajada de los Estados Unidos en México, se sitúa a nuestro país en el "Nivel 2", de esta problemática, pues consideran que el Gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; "sin embargo, está realizando esfuerzos importantes para lograrlo. Demostró estar aumentando sus esfuerzos en comparación con el período de análisis anterior; por lo tanto, México permanece en el Nivel 2"
En su página web señalan que, a pesar de lanzar una nueva campaña nacional de concientización "el gobierno no cumplió las normas mínimas en varios ámbitos clave. Logró menos condenas e identificó a menos víctimas que en el año anterior; prestó servicios especializados limitados a las víctimas de la trata, inexistentes en casi todas partes del país; y mantuvo un número insuficiente de albergues para la gravedad del problema. Inspeccionó y enjuició pocas denuncias de trabajo forzoso en la agricultura, en parte por escasez de recursos. La corrupción y la complicidad continuaron siendo importantes motivos de preocupación, que impidieron el cumplimiento de la ley"
Reconocen que el gobierno mexicano "mantuvo labores de aplicación de la ley. La ley contra la trata promulgada en 2012 penalizó la trata con fines de explotación sexual y laboral, con imposición de penas de cinco a 30 años de prisión. Estas penas fueron suficientemente severas y, en lo referente a la trata sexual, acordes con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. A diferencia de la definición de trata que figura en el derecho internacional, la ley estableció el uso de la fuerza, el fraude o la coacción como factores agravantes en lugar de elementos básicos del delito"
El reporte hace notar que los estados investigan otros casos internos de trata, pero en 2018 "veintitrés de los 31 estados, en comparación con solo 14 en 2016, habían armonizado sus leyes contra la trata de personas con la ley federal, lo cual podría resolver las incongruencias entre las leyes de esos estados y mejorar las investigaciones y los enjuiciamientos interestatales. La ley de 2012 obliga a los estados a tener un fiscal dedicado a la trata de personas. A fines de 2017, 27 de los 31 estados habían establecido fiscalías o unidades especializadas contra la trata.
Las autoridades iniciaron 127 investigaciones federales y 298 estatales en 2017, comparadas con 188 federales y 288 estatales en 2016 y 250 federales y 415 estales por trata en 2015. Se iniciaron procesos penales contra 609 personas en causas federales y estatales en 2017, frente a 479 en 2016 y 578 en 2015. Las autoridades condenaron a 95 tratantes en 40 causas federales y estatales, frente a 228 en 127 causas en 2016 y 86 en 36 causas en 2015.
La embajada de los Estados Unidos detalló que México es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata sexual y del trabajo forzoso. "Se considera que los grupos más vulnerables a la trata de personas en México son las mujeres, los menores, los indígenas, las personas con discapacidades físicas e intelectuales, los migrantes y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Se explota con fines sexuales a mujeres y niños mexicanos y, en menor medida, a hombres y personas transgénero tanto en México como en los Estados Unidos. Por otra parte, hombres, mujeres y niños mexicanos son sometidos al trabajo forzoso en la agricultura, el servicio doméstico, los cuidados infantiles, la manufactura, la minería, la elaboración de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad forzosa y la venta callejera, tanto en México como en los Estados Unidos".
En cuanto a las cifras, concluyen que aunque las organizaciones internacionales y ONG calcularon que hay más 375 mil personas explotadas en trabajo forzoso en México, "según los observadores que analizaron las estadísticas oficiales y de las ONG, se identificaron menos de 1.500 víctimas de trabajo forzoso entre 2013 y 2017".
KVS