El general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, quien fue encarcelado en 1993 tras provocar el enojo de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por pronunciarse a favor de la creación de un ombudsman para las Fuerzas Armadas, murió en la Ciudad de México a causa del covid-19.
El militar, quien recuperó su cargo como general brigadier través de un juicio de amparo, más no sus derechos laborales, se encontraba internado en un hospital de la capital, revelaron personas cercanas a la familia. El militar que tenía 74 años nació en el estado de Jalisco.
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El 13 de septiembre de 1993, el general Gallardo Rodríguez envió una carta al entonces secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, responsabilizándolo, junto con otros altos mandos, por su integridad física y moral de su familia.
Todo inició por la posición crítica que el general había mantenido en torno a actos de corrupción y violación de derechos humanos contra soldados.
Un mes después, la revista mexicana Forum publicó una síntesis de la tesis de maestría del general que presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), titulada “Las necesidades de un Ombudsman militar en México”.
Necesidades que, según el autor, surgían de las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra otros militares, y que se ponían de manifiesto en las causas penales que integraba la propia Procuraduría de Justicia Militar, la cual fungía como juez y parte.
A fines de 1993, se reactivó un expediente contra el general Francisco Gallardo por presuntos delitos de malversación de fondos y por destrucción de lo perteneciente al Ejército, y por ilícitos contra el honor militar, difamación e injurias entre otros, lo que después lo llevó a prisión.
El 25 de enero de 1995, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del general, a quien catalogaron como un preso de conciencia.
Gallardo fue detenido el 9 de noviembre de 1993 y fue liberado el 7 de febrero de 2002, bajo intervención directa del entonces presidente Vicente Fox, quien acató de manera parcial las recomendaciones internacionales sobre el caso.
El 1 de enero de 2008 entró en funciones la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, la cual empezó asesorar a la institución castrense en asuntos de garantías individuales, tanto a nivel nacional como internacional, además de que atendía las quejas que emitían otros organismos en la materia.
Fue la primera vez que la secretaría de Estado contó con una dirección de este tipo.
Senadores guardan minuto de silencio
A propuesta del legislador Emilio Álvarez Icaza, el Pleno del Senado guardó un minuto de silencio por el general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien murió a los 74 años víctima de covid-19, en el Hospital Naval Militar.
Álvarez Icaza dijo que el general fue un militar honorable y un hombre ejemplar, que después de una dura batalla, por más de un mes, falleció víctima de Covid-19.
Recordó que fue una persona que abrió las puertas de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas y la justicia interamericana lo reivindicó por su honorabilidad y honestidad.
Incluso en esta legislatura, dijo, se desempeñó como asesor de la Comisión de la Defensa Nacional.
“Desde esta tribuna, le rendimos un sentido homenaje a un hombre que luchó por la dignidad, por la justicia y el respeto de las Fuerzas Armadas en México”, precisó.
Después, la presidenta en funciones, Imelda Castro, pidió a los senadores que se encontraban en el pleno y de forma virtual, ponerse de pie para guardar el minuto de silencio.
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