Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien se amparó contra cualquier orden de aprehensión en su contra, a raíz de las detenciones que está cumplimentando la Fiscalía General de la República (FGR) por un desfalco de 142 millones 440 mil 883 pesos en agravio del organismo.
Enrique Vázquez Pérez, juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la medida cautelar, la cual no evita que pueda ser detenido por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El efecto de la suspensión solo es para que su libertad personal, en caso de ser aprehendido, quede a disposición del juez de amparo en el lugar donde sea recluido.
De acuerdo con registros judiciales, René Gavira promovió la demanda de garantías el 10 de marzo de este año, horas después de que la FGR informó públicamente que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, concedió órdenes de captura contra 22 personas por el desfalco a Segalmex.
Del total de implicados, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; cuatro pertenecen a las empresas y seis fueron los beneficiaros de los recursos que fueron desviados.
La FGR les imputa los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el primero de estos, amerita prisión preventiva oficiosa.
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De acuerdo con la investigación de la FGR, estas personas celebraron contratos y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar para la población, las cuales no se entregaron.
Por este asunto, ayer el juez de control vinculó a proceso a Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de Operaciones de Diconsa.
Asimismo, la semana pasada, el juez dejó en libertad a Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Diconsa, porque que consideró que no había elementos que hagan presumir que es probable responsable de los mencionados delitos.
Sin embargo, vinculó a proceso a Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal Liconsa; Artemio Gutiérrez Rodríguez, quien era subjefe operativo de Diconsa en Querétaro; Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa Servicios Integrales Carregín, y a Simón Escobar Copca, ex jefe de Almacén de Diconsa en Querétaro.
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