La familia de María Fernanda Vázquez, víctima mortal del transporte público, aún no tiene acceso a un derecho humano esencial como es la justicia, pese a que han transcurrido cinco años y dos meses del accidente donde una unidad de la ruta 368 arrolló a la estudiante y a 20 personas más que se encontraban en la parada del camión, que se ubica a las afueras de la Preparatoria Número 10 de la Universidad de Guadalajara.
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En este lapso, 10 ministerios públicos y tres jueces han conocido del caso. El conductor del urbano, Leopoldo Martín Soberano Castro, fue sentenciado a 20 años de prisión por el Juzgado Noveno de lo Penal en Jalisco.
Sin embargo, están a la espera de que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia confirme o revoque la resolución que fue impugnada por familiares de María Fernanda, mejor conocida como Botas.
La primera sentencia que se emitió fue en el 2016. Al chofer de 53 años de edad, lo condenaron a 28 años de cárcel. En 2017, se redujo a 20 años y en diciembre del 2018, se confirmaron los 20 años.
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Durante el proceso penal, el juez modificó el delito de homicidio calificado a simple intencional, mientras que el de Abandono de Personas, lo eliminó, pese a que –dicen-, hay elementos suficientes para sostenerlo.
“El chofer, en el momento que atropella a las personas lo que hace su instinto fue huir. Entonces se echó de reversa y en la reversa todavía había mucha gente abajo del camión entre ellos Fernanda, entonces y quiso huir. Cuando intentó huir, una camioneta que estaba pasando por el lugar, le tapó el paso y cuando se lo tapó gente de arriba del camión y de abajo, fue cuando lo comenzaron a golpear y lo sacaron”, sostuvo Ana Belén, hermana de Botas.
Durante el juicio, han ocurrido otras irregularidades como negarles el acceso al expediente. Una vez, tardaron tres meses para que el juzgado entregará información.
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Luego, desaparecieron facturas de los gastos que fueron presentados por las jóvenes que resultaron con secuelas, tras el percance.
“De la noche a la mañana desapareció esa parte del expediente”, denunció Ana Belén Vázquez.
Dijo que en la resolución de la sentencia donde se establecerá la reparación del daño, solo aparece la persona que falleció, y una de las lesionadas con 2 mil pesos.
Sin embargo, existen al menos cuatro jóvenes que enfrentan graves secuelas, entre ellas Karla Sofía quien tiene pérdida de visión periférica; Katy que ha invertido miles de pesos en la reconstrucción de unas de sus piernas, además de Xóchitl quien es alumna del CUCEA.
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“Es algo relativamente imposible acceder a la justicia. Tenemos cinco años, tenemos todas las pruebas del mundo, hay videos del siniestro, hay testigos y que todavía digan que pues quien sabe si fue así”, lamentó.
Ana Belén reprobó la simulación de la pasada administración al asegurar que sí se ha había revocado la concesión de la ruta 368, luego de accidente del 7 de marzo del 2014. “Solo cambió de nombre, pero la ruta se quedó con su permiso”, dijo.
A cinco años, la familia de María Fernanda ha vivido un proceso de luto y frustración. Están a la espera de que llegue la justicia.
SRN