La Secretaría de Gobernación publicó el tercer informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en el cual se informa que en este año se intensificaron las labores de búsqueda y acusa que la sentencia emitida por un juez federal en Tamaulipas, que liberó a 65 presuntos responsables, entorpeció el avance en el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con el documento, la sentencia del tribunal colegiado es inconvencional porque derivó en que las declaraciones y testimonios de personas clave en los hechos quedaran sin efectos al argumentar que fueron obtenidos bajo tortura.
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“La sentencia liberó a los implicados en la desaparición y también obstaculizó las posibilidades de obtener justicia y verdad, garantizando impunidad para los probables responsables de uno de los crímenes más graves en la historia reciente de México”, sostiene el informe.
El reporte menciona que el tribunal anuló las declaraciones de los acusados al considerarlas obtenidas bajo tortura, “a pesar de que solo algunos de los procesados fueron confirmados como víctimas de este delito. Esto eliminó pruebas fundamentales que vinculaban a los imputados con la desaparición de los estudiantes”.
Además, dicha interrupción en la investigación fue considerada como una extralimitación del tribunal federal, pues se incluyeron aspectos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que no formaban parte del proceso, lo que permitió al juez liberar a los 65 procesados sin responsabilidad penal.
Tras un amplio desarrollo del curso de la sentencia, la Secretaría de Gobernación sostiene que al tratarse de una sentencia “definitiva e inatacable”, las personas liberadas “no podrán ser juzgadas nuevamente con las mismas pruebas, aun cuando existan indicios claros de su participación en la desaparición de los normalistas.
La Secretaría de Gobernación informa que otro factor que detiene el avance de la investigación del caso Ayotzinapa es el de las extradiciones pendientes de tres personajes clave como Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de investigación Criminal y de Abraham Eslava Arvizu, ex funcionario en temas de seguridad, quienes son acusados de practicar tortura a testigos clave.
Además, el gobierno federal señala que una de las trabas en el caso es la extradición pendiente del juez de barandilla José Ulises Bernabé, a quien Estados Unidos le otorgó asilo por persecución política y quien podría contar con información valiosa para conocer qué hicieron los criminales con los normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Avances en la investigación
En lo que respecta al avance de los trabajos de investigación, el documento añade que en el último año se detuvieron a 23 nuevos probables responsables en los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Entre las 23 órdenes de aprehensión emitidas en el último año destaca la presencia de ex policías de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como elementos del Ejército. De esta manera suman 151 personas que actualmente llevan un juicio por participar directa o indirectamente en la desaparición de los 43 normalistas.
La mayoría de las personas detenidas corresponden a personas que se desempeñaban como elementos de seguridad, pues 48 laboraban en la policía municipal de Iguala, 16 en el municipio de Huitzuco y dos más en Cocula. Además, se encuentran en prisión 10 policías estatales, seis elementos de fuerzas federales y otros seis trabajadores federales ministeriales.
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