El extesorero de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Ismael R. L., fue sentenciado este jueves a ocho años y seis meses de prisión al comprobarse el delito de peculado por el desvío de 680 mil pesos de los servicios de salud del estado a una cuenta personal.
El exfuncionario estatal deberá pagar una multa de 265 días de salario mínimo lo que equivale a 16 mil 265 pesos y reparar el daño de los 680 mil pesos desviados a su cuenta en 2013.
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El fallo condenatorio de los jueces Jesús Aním Ope Islas, Celsa Aguilar Flores y Noé Hernández Rivera contempla también la suspensión de los derechos políticos y civiles de Ismael R. L.
La juez relatora Celsa Aguilar señaló que la decisión fue tomada por unanimidad entre los tres integrantes del jurado.
El juez presidente, Jesús Aním, citó al ahora sentenciado y a la parte acusadora para el día 26 de septiembre en los juzgados de oralidad de la ciudad de Pachuca a la una de la tarde para lectura y explicación de la sentencia.
Durante los alegatos del debate técnico el Ministerio Público solicitó al juez presidente una pena máxima de prisión de 12 años de cárcel para Ismael R. L., que pagara 500 días de salario mínimo lo que equivale a 30 mil 690 pesos así como reparar el daño de los 680 mil pesos causado a los servicios de salud de Hidalgo.
Además solicitó también que el exfuncionario ofreciera una disculpa pública a la parte agraviada a través de su representante legal.
El Ministerio Público explicó que Ismael R. L., siendo tesorero de la Secretaría de Salud de Hidalgo transfirió dos millones 852 mil 136 pesos de los servicios de salud del estado a su jefe jerárquico Pablo P. V. exdirector de Recursos Materiales y Financieros de la Secretaría, y a su vez de ese recurso transfirió a su cuenta personal 680 mil pesos.
En tanto, Italy Ciani, defensa del Ismael R. L., alegó que la pena máxima solicitada por el Ministerio Público rebasaba el grado de proporcionalidad además de ser desequilibrada por el monto desviado.
La abogada defensora rechazó también que el ex funcionario estatal ofreciera una disculpa pública pues afirmó que no formaba parte del argumento inicial del Ministerio Público.
Finalmente, la juez relatora, Celsa Aguilar manifestó que el jurado coincidió que con la defensa de que pena solicitada por el Ministerio Público era desproporcionada y añadió que la pena impuesta era proporcional al delito.