La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, manifestó que el recién desaparecido Cuerpo de Granaderos fue objeto de 20 recomendaciones de 2012 a la fecha, 13 de éstas, fueron aceptadas y 7, siguen en proceso de seguimiento.
Durante este lapso “ha tenido, 355 quejas que vinculaban a este cuerpo con violaciones a derechos humanos; de éstas, 113 siguen en investigación por el uso excesivo de la fuerza y el no acatar los protocolos en términos del manejo de derechos humanos. 242 de esas quejan han sido concluidas”.
Por el número de recomendaciones y quejas de que fue objeto ese cuerpo policial, está en los primeros lugares en relación con el resto de las dependencias capitalinas; “no es menor el número de recomendaciones y además son recomendaciones multitudinarias, estamos hablando de recomendaciones como la del 1 de diciembre de 2012”, cuando la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
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La ombudsman capitalina, celebró la decisión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de haber decidido la desaparición del Cuerpo de Granaderos “de entrada hay un mensaje que tiene que ver con la visión de seguridad; los policías están para cuidarnos y no para violentarnos. Hay un mensaje importante, coincidimos es una buena decisión”.
Pero también, pidió poner atención a lo que viene con esa desaparición de los granaderos “para que no se queden sin trabajo y que sean reubicados que los compañeros puedan optar por este nuevo tipo de policía de protección civil”.
La ombudsman fue entrevistada por los reporteros al finalizar la firma del Convenio Marco de colaboración que celebró la CDHDF y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).
El director General de éste, Arturo Velázquez Jiménez, afirmó que realizarán acciones conjuntas para interés de los ciudadanos en materia de uso de nuevas tecnologías y derechos humanos; contra el bullying cibernético o el cuidado de los datos personales, entre otros.
Se pronunció por fortalecer la defensa y protección de los derechos humanos a través de la educación; "las tecnologías digitales son una herramienta valiosa para promover la protección de derechos humanos".