Los delitos de trata de personas, explotación y trabajo infantil que enfrentan los jornaleros en el país a través del coyotaje o el enganchamiento, se ha combatido sin eficacia, reconoció Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social.
El funcionario mencionó que las autoridades federales han identificado más de 20 mil centros de trabajo y cuenta con un censo de medio millón de jornaleros, pero aún se define el número total de personas que labora en el campo.
“Hemos distribuido un primer censo a los secretarios de trabajo de los estados, estamos hablando de más de 20 mil y tantos puntos de trabajo y el censo que tienen en este momento las autoridades federales con nombres y apellidos asciende alrededor de medio millón de jornaleros; entendemos que hay muchos más y estamos en este momento concluyendo el trabajo para tener la precisión exacta”, expresó.
Entrevistado en el marco de la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, al funcionario federal se le preguntó cuántos jornaleros han sido víctimas de delitos. Y respondió:
“Los número son marginales, en realidad se trata de delitos que se han enfrentado hasta hoy sin eficacia”.
Por este motivo, Campas Cifrián presentó a los procuradores y fiscales de justicia, y a la Procuraduría General de la República, un protocolo que permitirá tanto a inspectores como a los agentes del Ministerio Público a saber cuándo y en qué condiciones se cometen estos delitos.
“De hecho esta guía se elaboró con el trabajo ya de los procuradores y fiscales; se integró un grupo de trabajo, aproximadamente de los estados principales, de las dos Baja Californias, de Sonora, los estados que básicamente reciben jornaleros, Guerrero que es un estado de origen para los jornaleros, y confiamos que se va aprobar a partir del acuerdo al que se llegó y tendremos esta guía con la aprobación plena en estos días”, apuntó.
Campa Cifrián mencionó que desde principios del presente año se trabaja en este protocolo, después de que los secretarios del trabajo del país acordaron solicitar el apoyo de la Procuraduría General de la República.
“La guía define una serie de criterios para facilitar la identificación del tipo penal…También se definen una serie de obligaciones para los inspectores para que facilite la tarea del Ministerio Público cuando tenga que construir estas investigaciones y se define también un esquema de comunicación y coordinación permanente para esta tarea. De lo que se trata es de proteger de manera integral los derechos de los jornaleros…”, declaró el funcionario.
En el documento se identifican los factores de riesgo en campos agrícolas y se explican las figuras de “enganchadores, y “coyotaje”; define la manera de identificar la vulnerabilidad de las víctimas, atendiendo la perspectiva de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado.
Asimismo, orienta a las autoridades de inspección, sobre la información que es útil al Ministerio Público en torno al delito de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso; determina las características de los factores de riesgo en campos agrícolas, así como los elementos de quienes operan como “enganchadores” o asumen otros roles en perjuicio de jornaleros y contribuye a identificar la vulnerabilidad de las víctimas, tomando en cuenta perspectivas de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado.
VJCM