La carrera criminal de Flavio comenzó a los 8 años cuidando bodegas repletas de drogas y a los 16 años ya dominaba la técnica de vender droga en las calles; María, cansada de una relación tóxica, asesinó a su pareja con un cuchillo cuando tenía 15 años. Ambos perdieron su libertad en la pubertad y tuvieron que cumplir su condena siendo mayores de edad en un centro de internación para adolescentes.
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Esta situación se ha convertido en una constante con el paso de los años, a tal grado que actualmente el 61 por ciento de las personas que se encuentran bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) cuentan con más de 18 años cumplidos y en algunos casos alcanzan los 23 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las estadísticas muestran que actualmente hay 3 mil 413 adolescentes y jóvenes en los 45 centros de integración existentes en el país; de los cuales, mil 618 tienen entre 18 y 22 años, mientras que otras 460 personas tiene 23 años o más.
Para el director de Operaciones de Reinserta, José Pablo Balandra, casos como el de Flavio y María son considerados como delitos graves para las autoridades judiciales, pero al ser menores de edad no pueden ser trasladados a un penal estatal o federal donde se ubican criminales de mayor edad y peligrosidad.
“Si cometieron algún delito grave como homicidio, violación, portación de armas u otro de este tipo van a tener una medida privativa de la libertad. Entonces muy probablemente fueron jóvenes de 16-17 años que estuvieron ligados a células criminales o cometieron algún delito relacionado con el abuso sexual”, dijo el especialista.
Sobre el tipo de delitos que cometen los menores de edad, el reporte del Inegi muestra que el 21 por ciento de los internos cometieron algún tipo de robo, siendo el de transeúnte, de vehículo y de negocio los más comunes entre la población juvenil.
Pese a mantenerse como el crimen más frecuente, los robos registraron un descenso respecto a los índices de 2017, cuando el 34 por ciento de los adolescentes internados habían cometido este tipo de conducta ilícita.
Sin embargo, el delito que ha tenido el mayor aumento porcentual dentro población juvenil en los últimos años es el de la violación sexual, pues actualmente 15.4 por ciento de los internos cometieron este crimen. Además, si se compara con los registros de 2017, este delito se duplicó entre la población detenida en los centros de internamiento.
El Inegi señala que esta conducta criminal no es exclusiva de la población masculina, pues el 6.4 por ciento de las mujeres adolescentes presas ingresaron a una cárcel por este motivo, mientras que en el caso de los varones el porcentaje crece al 16.4 por ciento de la población retenida.
Disminuye pobación internada
El censo del Inegi también revela una caída abrupta en el número de menores de edad que ingresan a las cárceles para adolescentes en el país, pues de 2017 a 2022 la población atendida en el SIJPA cayó 50 por ciento.
Aunque la primera lectura podría ser que hay menos adolescentes delinquiendo en las calles del país, para José Pablo Baranda la disminución se debe a un cambio jurídico que se ha implementado en diversos estados del país donde se prefiere usar diversos métodos alternativos al internamiento de menores.
“Desde 2016 el parámetro de los jueces ha cambiado para que se puedan cumplir con otras series de medidas de reparación del daño. Hay una tendencia en el país, no se puede generalizar, pero sí se ha cambiado un poco en que la medida de internamiento no sea el primer recurso, sino que sea el último”, explicó el especialista.
Pese a dicha tendencia, todavía hay algunas zonas del país que priorizan encerrar a los menores de edad que cometen un delito, tal es el caso de Sonora donde actualmente operan cinco centros de internamiento que albergan al 25 por ciento de la población a escala nacional.
Corrupción en cárceles
La corrupción no respeta edades y el 37 por ciento de los adolescentes y jóvenes que se encuentran privados de su libertad aseguró haber pagado dinero a las autoridades de vigilancia para poder tener acceso a un teléfono para comunicarse con sus familiares.
Entre los servicios, bienes o beneficios por los que han tenido que pagar los menores de edad se encuentran poder tener aparatos electrónicos con 28 por ciento, recibir medicamentos con 23.2 por ciento; acceder a consultas médicas o psicológicas, 23.3 por ciento; cambiar de celda, 17.8 por ciento y salir al patio de visita, 15.4 por ciento.
Por su parte, los familiares de los adolescentes reportan que han tenido que pagar ‘mordida’ para pasar comida (46.5 por ciento), pasar ropa no autorizada y objetos de limpieza personal (26.9 por ciento) y mandarle llamar (6.5 por ciento).
ledz