El acuerdo por el que se ordena que las fuerzas armadas continuarán en las calles realizando labores de seguridad pública no significa militarización del país, no es nuevo ni exclusivo del Ejecutivo y era necesario porque brinda al Ejército una certeza jurídica con la que no contaba para esta labor, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La dependencia precisó mediante una tarjeta informativa diez puntos en torno al acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación por el que las fuerzas armadas permanecerán en las calles por 5 años en labores de seguridad publica.
En esos puntos señala que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 11 de mayo "complementa el artículo 5 transitorio de la Reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad el año pasado, tanto por el Congreso de la Unión como por las 32 legislaturas locales.
"Este artículo faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de seguridad pública hasta por un periodo de cinco años. Consecuentemente, el acuerdo no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino el seguimiento a una disposición constitucional, aprobada por consenso por todos los Partidos Políticos desde 2019".
La dependencia indica que "el acuerdo es necesario en la medida en que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones. Este documento atiende diversas resoluciones jurisdiccionales (nacionales e internacionales) encaminadas a precisar el alcance de su intervención en tareas de seguridad pública bajo principios democráticos, temporales y de apego irrestricto a los derechos humanos".
Se otorga, por ejemplo, mayor fortaleza a las actuaciones de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes, para lo que se han capacitado a miles de elementos en uso legítimo y proporcional de la fuerza, así como en cadena de custodia y protección de los derechos humanos.
Estás detenciones se inscribirán en el nuevo Registro Nacional de Detenciones (RND) impulsado por el Gobierno de México, "protegiendo, como nunca antes, los derechos humanos, tanto de las personas detenidas, como de los servidores públicos que trabajan en el sector seguridad", indica la dependencia.
En relación a que se brinde más atribuciones al Ejército en materia de Seguridad Pública indica que en realidad "limita las facultades exactamente a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional, que autoriza su participación en materia de seguridad pública en términos generales".
La tarjeta informativa enfatiza la importancia que ha recibido la actual administración y su estrategia de seguridad de parte de las Fuerzas Armadas y la transparencia con la que se trabaja en equipo, en el Gabinete de seguridad así como en la formación de la Guardia Nacional.
" Las fuerzas armadas son las instituciones de mayor prestigio en el país. Por ello, cuando entran en tareas de protección civil o de apoyo social a la población, nadie habla de militarización de la vida del país.
"Esto es particularmente importante ahora que la pandemia global derivada del covid-19 supera en este momento los alcances de la Guardia Nacional y exige que todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio, y la integridad de todos los ciudadanos, las Fuerzas Armadas están presentes, como siempre, en apoyo de la ciudadanía".
En el documento se destaca la ardua labor que se ha hecho en 12 meses para la creación constitucional, reglamentaria y organizacional de la Guardia Nacional, misma que tiene un despliegue en todo el territorio nacional, y su intenso trabajo paulatinamente empieza a dar frutos.
Finalmente explica que el acuerdo y la Guardia Nacional no significan un abandono a la construcción de instituciones civiles.
"Es todo lo contrario, dice, de hecho, el gobierno de México ha reconocido la importancia elemental de las policías estatales y municipales en materia de prevención, inteligencia, e investigación del delito. No es gratuito que por ello haya impulsado, desde 2019, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, mismo que representa, por mucho, la reforma policial local más importante en la historia de México".
bgpa