La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó un plazo para que autoridades federales tomen acciones para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes desaparecieron en mayo de 2007.
Durante la sesión pública de la primera sala del máximo tribunal, los ministros aprobaron por tres votos contra uno el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat para amparar a la familia de las víctimas.
Está resolución obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a integrar una comisión especial de búsqueda, junto con especialistas y abogados propuestos por los hijos de los desaparecidos.
El fallo señala que 30 días después de que sean notificados oficialmente, la FGR debe dar a conocer una versión pública de la carpeta de investigación que inició sobre este caso, mientras que la Sedena debe autorizar el acceso de la comisión investigadora a todas las instalaciones militares donde se sospeche hay algún indicio para localizar a las víctimas.
El fallo se fundamenta en la resolución de la propia Corte, que en junio del año pasado señaló que las acciones urgentes emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas son obligatorias para todas las autoridades del Estado mexicano.
FMU