El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación suspendió a dos magistradas de un Tribunal Colegiado por conceder un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, sentencia que impidió su extradición a Estados Unidos.
La comisión de disciplina del TDJ señaló que las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tobías y Dulce Yanet Vega Camacho —del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quienes fueron electas en la pasada elección judicial— emitieron presuntas resoluciones contrarias a constancias procesales.
¿Qué se sabe del ex gobernador de Tamaulipas?
Según el TDJ, en marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición del ex gobernador a la Unión Americana por la posible comisión de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, quien promovió inicialmente un juicio de amparo en contra de esta determinación, mismo que le fue negado por un Juez de Distrito.
Inconforme con la negativa de la protección, en noviembre del mismo año, el quejoso impugnó la sentencia ante un Tribunal Colegiado, además de que paralelamente presentó una recusación en contra del presidente de ese órgano jurisdiccional para que se abstuviera de conocer del asunto. Ante tal situación, el mismo magistrado presentó una excusa legal.
El TDJ aseguró que el asunto estuvo sin movimiento por siete años hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas hoy suspendidas, sin que el expediente estuviera listado, resolvieron el incidente de recusación y excusa.
Además, dictaron sentencia en el juicio, mediante lo cual se modificó la decisión del juez federal y concedieron el amparo para que se negara su extradición, lo anterior bajo el argumento de que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria.
“Conforme a la normativa de nuestro país y a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión sobre la extradición de una persona es facultad del Poder Ejecutivo, pues es un acto que atañe a las relaciones con otros países basado en un principio de reciprocidad internacional, por lo que tal determinación constituye un acto exclusivo de la soberanía nacional reservado al criterio del Ejecutivo Federal”.
Ponen en duda la impartición de justicia
Rufino H León Tovar, magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, señaló que este órgano jurisdiccional consideró que la permanencia de los dos funcionarios como integrantes del Tribunal Colegiado, podría generar una grave afectación a la impartición de justicia.
Esto “al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad” en los juicios de amparo de su competencia, por lo que ordenó suspenderlas en el cargo y de sus funciones durante el tiempo que dure la indagatoria iniciada por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
La autoridad advirtió que esto podría derivar en el inicio de un procedimiento de responsabilidad y en su caso, en la aplicación de las sanciones previstas por la ley.
RM