Debido a que en Tamaulipas suman 1,672 los menores de edad reportados como desaparecidos o no localizados, activistas llaman a acelerar sus procesos de búsqueda.
Luego de que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) declaró que las estadísticas reflejan un patrón criminal que no ha cesado durante la pandemia, colectivos exigen emprender acciones frente a la magnitud del problema.
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Recientemente se dio a conocer que desde que se tiene registro, en 1963, un total de 77 mil 706 niños, niñas y adolescentes han sido reportados como desaparecidos en el país hasta el 27 de agosto de 2021.
De estos casos, 15 mil 186, el 19.54%, continúan desaparecidos o no localizados, siendo 8 mil 355 niñas y adolescentes mujeres y 6 mil 799 varones. Las primeras, por lo tanto, representan el 55.01% y sus edades van de 10 a 17 años principalmente, en su mayoría son originarias del Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.
El organismo Redim afirmó que en el presente año, del 1 de enero al 27 de agosto, se han registrado 1,114 desapariciones en el grupo de 0 a 17 años, cifra nacional que representó un incremento del 19.5% respecto a los 932 reportados en el mismo periodo del año pasado.
El Estado de México destaca por presentar uno de cada de cinco casos reportados y ya tiene 3 mil 324 acumulados; seguido por Tamaulipas, donde se registran uno de cada diez y ya reúne 1,672; así como Jalisco con 7.2% de los casos, 1,074 en total, siendo estas tres entidades las de mayor incidencia.
Geovanni Barrios Moreno, presidente de la agrupación Justicia Tamaulipas, señaló que el gobierno debe acelerar los procesos de búsqueda en vida de menores de edad desaparecidos, como de personas adultas pero también avanzar en la identificación forense.
“La prioridad es la búsqueda en vida, se tiene que acelerar pero no se avanza en ese sentido, como tampoco en la identificación forense, que ha sido mínima. Por ejemplo, de casi 300 cuerpos que fueron exhumados en el municipio de Miguel Alemán, solo se han identificado genéticamente 20, hay mucho por hacer pero vemos bastante simulación de todos los niveles de gobierno, falta voluntad”.
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Guillermo Gutiérrez Riestra, que encabeza el colectivo Amigos y Familiares de Desaparecidos en Tamaulipas, destaca que el número histórico de 1,672 menores de edad no localizados podría ser mucho mayor, pues hay una cifra negra de casos que no se denuncian.
Además, reprocha al gobierno estatal la falta de acciones para encontrar a personas desaparecidas y destaca que el comisionado estatal de búsqueda, Jorge Macías debería renunciar.
“Pueden ser muchos más y no los buscan; es pura farsa, el comisionado estatal debe de renunciar a su cargo, este gobierno perdió el interés de encontrarlos”, apuntó el activista, quien ha señalado que solo una de cada diez desapariciones se registra oficialmente en Tamaulipas, pues persiste el temor entre los familiares de las víctimas.
Alejados de la realidad
La Red de Desaparecidos en Tamaulipas (Redetam) a cargo de Josefina de León Mendoza, coincide en que las cifras oficiales de personas no localizadas están muy alejadas de las reales. Este organismo ofrece acompañamiento a familiares de las víctimas en su lucha por encontrarlas y acceder a la justicia.
De León Mendoza es una madre que busca respuestas y paz en su corazón ante su hija ausente, menor de edad al momento de su desaparición. No pierde la esperanza de encontrarla.
Enseña a otros a buscar lo mismo, por lo que ha implementado una guía ciudadana para la búsqueda de desaparecidos, que abarca desde el proceso de denuncia, investigación, búsqueda ciudadana e institucional.
“Las desapariciones en Tamaulipas son el mayor reto en materia de derechos humanos al que se enfrentan las instituciones, los especialistas y la procuración de justicia”, expone, de ahí que busca empoderar a las familias como buscadoras.
El organismo Redim al igual que la iniciativa Tejiendo Redes Infancia, cuyo coordinador regional es Juan Martín Pérez García consideran la niñez desaparecida en México, una epidemia invisible por el adultocentrismo.
Subrayan que el Comité de Derechos del Niño ante la ONU ha emitido desde el año 2011 recomendaciones al Estado mexicano sobre la estrategia de seguridad que se traducía en impactos negativos a la infancia.
“Aún cuando esto fue también señalado con insistencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus distintos informes sobre el país, así como en recomendaciones de otros organismos internacionales, lo más que hemos logrado avanzar es en el ámbito legislativo, con un protocolo específico de búsqueda, pero con una débil institucionalidad”, se expuso.
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Reconocen como positivo haber logrado, con la presión internacional, de las familias, organizaciones civiles y de derechos humanos, la Ley de Desaparición de Personas, donde Redim pudo incluir el capítulo 2 relacionado a niños, niñas y adolescentes.
A partir de ahí se ha logrado la construcción de un protocolo adicional de búsqueda para niñez desaparecida, que establece pasos concretos que todas las autoridades tienen que seguir, como por ejemplo, la búsqueda inmediata y que todas las actuaciones queden registradas.
El pasado 30 de agosto, Redim llamó a atender y enfrentar la desaparición en la infancia, considerado por la ONU como un crimen de lesa humanidad que no solo afecta a la vida de la víctima y a su familia entera, sino al resto de la comunidad, en una situación que termina generando un contexto de terror e incertidumbre porque se anulan todos los derechos y la protección posible para los ciudadanos.