Por poco más de mil pesos es posible comprar, vía Amazon o Mercado Libre, un famoso spray invisible al ojo humano que impide que el flash de las cámaras de los radares registre las letras y números de una placa. Se llama PhotoBlocker, está fabricado en Estados Unidos y nació para burlar las cámaras que, en no pocas ocasiones, emitían multas viales injustificadas o arbitrarias por presuntos excesos de velocidad en el vecino país del norte.
Pero en México los taxistas ilegales o delincuentes escondidos a bordo de vehículos que se hacen pasar por transporte público regulado, son quienes han encontrado en ese producto antiflash una forma de evadir los controles de ley.
Las consecuencias por saltarse la norma son distintas según la categoría del vehículo del infractor. Por ejemplo, como particular, circular en un automóvil sin placas amerita una multa que roza los 3 mil pesos, pero en el caso de los vehículos de transporte público las sanciones son mucho más graves.
Según la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, los vehículos de transporte público apócrifos son merecedores de una pena que va desde los tres meses hasta los dos años de cárcel, además de una multa de hasta 48 mil pesos. Eso es para los conductores, pero quien organice, dirija o patrocine el transporte público pirata puede ser sancionado con seis años de cárcel y una multa de hasta 96 mil pesos.
No obstante, el origen del problema es una situación no resuelta desde hace décadas, y ni siquiera existe un padrón oficial o datos exactos sobre el número de taxis pirata en México. Sólo hay estimaciones. Una de ellas, que data de 2019, es de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México, que calculaba unas 30 mil unidades apócrifas en esa entidad. Pero la cifra merece actualizarse dado que se presume que el desempleo causado por la pandemia disparó el fenómeno en todo el país.
Así, un número indeterminado pero creciente de taxis ilegales opera entre distintos estados de la República, pero proliferan donde hay más clientes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde según datos de este año del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada 10 taxis son irregulares. Sin embargo, ese número, de acuerdo con taxistas regulados, es mucho mayor y casi imposible de determinar, pues informan que muchas de esas unidades son robadas o sólo operan durante breves temporadas.
Y si bien herramientas como el PhotoBlocker ayudan a escabullirse de la ley, no es el único garlito. Otro de los más comunes es borrar o raspar directamente una o más letras o números de las placas. Y el método más conocido –también difícil de contabilizar– es el de circular con placas falsas o, de plano, robadas. El objetivo para todos es el mismo: evitar ser capturados, bien por las cámaras de seguridad y radares de control de velocidad, o para escudarse en el anonimato a fin de cometer cualquier cantidad de ilícitos. Y la historia la cuentan las voces que lo viven día a día.
Tsuru (pseudónimo), taxista desde hace más de 20 años, con licencia “desde siempre” y basado en un sitio público de taxis afiliado a un sindicato de transportistas, cuenta que la situación de inseguridad en el transporte público se ha agravado en los últimos años.
“Entre nosotros nos protegemos. Es nuestra forma de vida. Manejando llevamos la comida a la casa. De volada nos damos cuenta si un taxi es falso. Y cuando vemos a alguien pasándose de lanza, le ponemos en su madre”, cuenta a MILENIO.
Evidentemente, ni Tsuru ni sus compañeros son cazadores de taxis piratas, pero cuando ven a alguien cometiendo un ilícito no dudan en recurrir a una denuncia y, si es necesario, a la violencia.
Sentra (pseudónimo), taxista de 45 años, relata que uno de los problemas más graves, además de la irrupción y competencia de los taxis de aplicación como Uber o Didi, es que el límite a la expedición de licencias fomenta que se clonen placas, es decir, los involucrados en ello recurren a la raspadura de letras y números o, aún más grave, se lanzan a la calle en taxis apócrifos, sin permiso o registro alguno.
“Da igual que le borren un número, da igual que usen el spray ese que dices que evita la cámara (Sentra no conocía el uso de PhotoBlocker), lo preocupante es que hay tanto malandro escondido en un taxi que crece la inseguridad y obviamente la desconfianza de los pasajeros hacia el taxi es cada vez mayor, lo que nos reduce la clientela”, expresa. Él tiene una cartera de clientes más o menos fija, son los que le aseguran el ingreso que circulando en la calle ya no encuentra.
El desempleo alimenta la informalidad Tsuru y Sentra admiten que no quieren que sus hijos hereden su oficio, ya no es lo que solía ser porque la desconfianza en los taxis de calle se ha disparado debido al alto número de atracos, robos, violaciones y secuestros exprés que se suelen cometer en los taxis pirata.
Tsuru se queja de que hoy gana casi la mitad de lo que percibía hace tres años; desde la irrupción del coronavirus la crisis económica en su sector se ha agravado. Sentra acierta cuando sostiene que los síntomas –el PhotoBlocker, las placas intervenidas– no son el origen del problema. Para él, la gravedad del asunto radica en la creciente inseguridad, así como la impunidad en la que se amparan los delincuentes que utilizan unidades apócrifas de transporte público para operar.
Pero por otra parte está Jetta (pseudónimo), de 38 años, que lleva los últimos cuatro de ellos conduciendo un taxi pirata. Él recorre todos los días una ruta, de ida y vuelta, que va desde la Ciudad de México hasta Zitácuaro, Michoacán. Además de algunos clientes fijos, él recoge pasaje debajo de un puente en la carretera libre México-Toluca. Su automóvil, por supuesto, no cuenta con ninguno de los requisitos para operar como taxi: ni emplacado A, B o M; ni la cromática rosa oficial; ni un tarjetón con la identificación del conductor, por mencionar sólo unos cuantos. A simple vista, es un auto particular cualquiera. Después de 10 años de trabajar en la construcción, él optó por conducir un taxi pirata porque gana más dinero, está más tranquilo y, como el coche no es suyo, le da lo mismo si tiene permiso de taxi o no. No obstante, asegura que es un trabajo temporal, pues espera el próximo año volver a la construcción, pero en un destino costero.
–Hacer diario el camino de ida y vuelta entre la Ciudad de México y Zitácuaro es muy pesado, ¿cierto?
–Sí, pero más pesado es no llevar dinero a la casa. Esto es lo que hay, y ahorita no hay chamba de otra cosa –responde el ‘taxista’.
A Jetta no le importa operar en la informalidad. Según sus palabras, el desempleo y la precariedad lo orillaron a eso. Cuenta también que ahora, durante la temporada navideña, hay mucho trabajo y hay que aprovecharlo, porque cuando el próximo año inauguren el tren Toluca-México, mucha gente como él, que ofrece servicio de taxi en autos particulares, tendrá que buscar otra forma de obtener ingresos.
Justo en el momento en el que inició el recorrido con MILENIO, Jetta escondió los únicos detalles que lo identificaban como taxi pirata: dos letreros colocados con pinzas en el interior del parabrisas, uno con el origen y destino de la ruta, y otro con una parada importante. Los vidrios de las puertas traseras así como el medallón trasero los tiene polarizados para evitar sospechas de que es un taxi ilegal.
Ilegalidad vehicular normalizada
Ha finalizado el recorrido con Jetta, ya en la CDMX. Justo donde se dividen la avenida Reforma y Constituyentes, frente a un edificio corporativo, hay un par de automóviles que por 100 pesos lo llevan a uno hasta Periférico. Uno de ellos sí lleva el letrero de taxi, el conductor viste bien, su pelo está engominado.
Sin embargo, la fotografía que aparece en el permiso de circulación que muestra no es la de él. Ni el diseño del letrero de taxi ni la cromática son los oficiales de la Ciudad de México. Y dos números en su placa están raspados. Según la Ley de Movilidad de la capital, en un caso así, el vehículo debería de quedar fuera de circulación y ser remitido inmediatamente a un depósito vehicular. Justo delante de ese taxi pirata hay una patrulla que no hace nada al respecto.
A finales de 2022, una encuesta del Inegi reveló que el 68.4 por ciento de la población considera que el transporte público es uno de los espacios más inseguros. Y claramente la inseguridad, para el 61 por ciento de los habitantes del país, es el problema más grave de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
Así, los taxis piratas son, al mismo tiempo, un modo que han encontrado miles de familias para generar recursos pero, por otro lado, también se convierten en un medio que facilita las actividades ilícitas de criminales.