La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que concluyó que no se pudo comprobar que el PRI recibiera recursos ilegales en las campañas locales del 2016 en Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, en el esquema conocido como 'Operación Safiro'.
En sesión pública y por mayoría de votos, se aprobó el proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el cual planteó confirmar la decisión del INE y desestimar las quejas presentadas por Morena.
Los disidentes consideraron que el expediente se debía regresar al INE, con el fin de que se hicieran mayores investigaciones y requerimientos.
“En mi opinión, estimo que los agravios de falta de exhaustividad sí son fundados, por lo que procedería revocar la resolución impugnada para que la autoridad responsable, el Instituto Nacional Electoral, realice diversas acciones; y una vez que las haya realizado, inicie justamente con el estudio de la totalidad de las pruebas”, argumentó la magistrada Otálora.
El magistrado presidente añadió que existen “argumentos suficientes para exigir al INE un nuevo análisis probatorio teniendo en cuenta que en estos casos, en donde hay esquemas, o se denuncian desvío de recursos, no resulta válido exigir un estándar probatorio de prueba directa, ya que estos esquemas están diseñados precisamente para evitar o eludir la existencia de éstas”.
La resolución del INE concluyó que “no encontró prueba directa alguna de que el recurso (proveniente de un desvío y triangulación ilegal) haya beneficiado las campañas del Partido Revolucionario Institucional”.
El Consejo General no advirtió “elementos suficientes para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia de fiscalización consistente en la aportación de ente prohibido por interpósita persona reprochable al Partido Revolucionario Institucional”.
El caso se remonta al 2017, cuando Morena, el PAN y el PRD denunciaron al PRI y a quienes resultaran responsables “por la existencia de presuntas aportaciones indebidas”, que sustentaron en distintas notas periodísticas y hallazgos de una auditoría de fiscalización local.
En la investigación que hizo el INE, acreditó que 250 millones de pesos, originalmente transferidos del gobierno federal al de Chihuahua, fueron enviados a cinco empresas para la prestación de servicios que nunca se realizaron y, éstas a su vez, los remitieron a distintas subempresas que, mayormente, dirigieron los recursos a cuentas concentradoras y a disposiciones en efectivo.
Sin embargo, tras diversas diligencias, el INE no encontró evidencia que permitiera sostener que los recursos ingresaron al PRI o que le beneficiaron.
Inconforme con la resolución, Morena acudió ante la Sala Superior, la cual, en sesión pública presencial, confirmó la determinación del INE debido a que la valoración probatoria que realizó fue correcta.
El proyecto del magistrado Fuentes Barrera advirtió que, aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, de las pruebas no se pudo advertir un beneficio para el PRI.
Además, se concluyó que Morena no confrontó los razonamientos del INE, no precisó de qué forma se podía llegar a una conclusión distinta, ni desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares.
VRM