La gestión del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, estuvo marcada por dos casos a nivel internacional, la matanza de Tlatlaya y por la omisión del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante su gestión, el Ejército actuó más de coadyuvante en las investigaciones de alto impacto contra el narcotráfico, porque la Secretaría de Marina-Armada de México se encargó de ejecutar los principales operativos, porque en los últimos años ganó la confianza de las autoridades estadunidenses para detener a los líderes del narcotráfico.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la tarea del Ejército se vio eclipsada, pese a su despliegue en todo el país, porque las misiones las encabezó la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual recobró el poder que perdió cuando la Agencia de Investigación Criminal fue desmantelada en el gobierno de Felipe Calderón.
Al general Salvador Cienfuegos se le reconoce por modernizar todo el sistema Educativo Militar, además de que ordenó la construcción de la Escuela de Ingenieros Militares y la de Materiales de Guerra.
Asimismo, defendió el despliegue de las fuerzas armadas en el país para erradicar la inseguridad y la violencia, y demandó al Congreso de la Unión, junto con el entonces secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, que se les diera certidumbre con la Ley de Seguridad Interior. Dicha ley después fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inconstitucional.
Cienfuegos Zepeda manifestó varias veces que había mexicanos que buscaban “distanciar” al Ejército del pueblo, debido al despliegue militar.
El "enfrentamiento" en Tlatlaya
En su momento, el secretario fue señalado de tratar de ocultar el crimen que cometieron soldados en el municipio de Tlatlaya, tras avalar la versión del teniente del pelotón militar y de otros mandos del 102 Batallón de Infantería en el Estado de México, en el sentido que 22 delincuentes habían muerto tras un enfrentamiento.
La presión internacional impactó en su imagen y en la del presidente Peña Nieto. Al final, la PGR consignó por homicidio calificado a varios militares que se enfrentaron contra los delincuentes en el poblado de San Pedro El Limón, el 30 de junio de 2014, tres meses antes de la desaparición de los normalistas.
Una testigo presencial de los hechos refutó la versión de que los 22 delincuentes murieron durante el enfrentamiento y aseguró a la agencia Associated Press y a la revista Esquire, edición mexicana, que los militares dispararon a los delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) corroboró la versión y destacó que al menos 15 de las personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, cuando ya se habían rendido.
La desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Pese a que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no recae directamente sobre el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional,
al Ejército se le señaló de ser omiso por no haber actuado la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados por policías municipales de Iguala y el grupo criminal de Guerreros Unidos, lo que ha derivado en órdenes de captura.
A seis años del caso, las autoridades no han definido el papel del Ejército en las agresiones a los normalistas, sin embargo, padres de los estudiantes han acusado que elementos emitieron declaraciones falsas, así como que participaron directamente, junto con el crimen organizado, en los ataques.
Los padres han acusado que el capitán José Martínez Crespo, el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota, tenían vínculos con el crimen organizado y que incluso Martínez Crespo estuvo en la comandancia de Iguala a la que fueron llevados los normalistas, antes de que fueran entregados a Guerreros Unidos.
En tanto, recientemente Pedro Rentería, el ex director de Los Avispones de Chilpancigo, equipo de fútbol agredido ese día en Iguala, señaló que personal del Ejército les facilitó el paso hasta el punto en el crucero de Santa Teresa, donde fueron recibidos a balazos por hombres armados. Más tarde, ya heridos, se trasladaron a las instalaciones del batallón, donde se negaron a auxiliarlos
De acuerdo con su declaración, militares adscritos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, se negaron a prestar apoyo a heridos y víctimas del ataque en contra del equipo de futbol.
RLO