Sin acceso a la justicia es como se encuentran la familia de Noé Haro Martínez, a un mes de la muerte de su esposa Isabel Jara Raudales, víctima de la explosión de la gasera ubicada en la colonia Coyula, entre la avenida Matatlán y Periférico Nuevo, en Tonalá.
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En dos ocasiones el ayuntamiento municipal ha negado a las víctimas acceso a información clave para el avance de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, como documentos que dan cuenta de la razón social con la cual fue dada de alta la gasera, a quién le pertenece y quién es el responsable.
El pasado martes 24 de noviembre realizaron una petición más por escrito, esperan que en los próximos siete días les otorguen la información solicitada.
Tampoco les ha sido entregado el dictamen de causalidad que emite el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con el cual los afectados son indemnizados; en diversas ocasiones la Fiscalía ha respondido a los quejosos no tenerlo en su poder, aunque los peritos encargados del caso afirman que el dictamen ya fue enviado a la institución que solicitó el informe.
Los familiares de Isabel sólo quieren que las autoridades estatales y municipales respondan e investiguen quién es el responsable de los hechos, ya que el pasado 19 de octubre, el día que ocurrió el siniestro, el primer edil de Tonalá, Juan Antonio González Mora, dio a conocer que la gasera operó de manera clandestina y sin permisos municipales.
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Ante la negativa de los propietarios de la gasera de identificarse, los seres queridos de Isabel contrataron una empresa que funge como intermediaria entre la gasolinera y ellos, la cual les ofreció un apoyo de 30 mil pesos que no fue suficiente para cubrir los gastos de la semana que la mujer pasó hospitalizada.
Algunos de los afectados por la explosión han sido hostigados por las autoridades municipales al señalar la negligencia y la posible complicidad con los responsables de la gasera para dejarlos operar sin tener algún documento que avale de manera legítima la operación.
MC