Hombre que mató a padre e hijo en accidente, recibirá arresto domiciliario

La FGE Región Laguna I, informó que la audiencia inicial en contra de Javier ‘N’, ya fue llevada a cabo y podría alcanzar de 2 a 8 años de cárcel.

Accidentes en Torreón. (Milenio Digital)
Torreón, Coahuila /

Javier, el ebrio conductor que el pasado fin de semana chocó contra una motocicleta, matando a un hombre y un niño de 11 años, ya fue judicializado y le dieron como medida cautelar resguardo domiciliario en Torreón.

La Fiscalía General del Estado (FGE) Región Laguna I, informó que la audiencia inicial en contra de Javier ‘N’, ya fue llevada a cabo en las instalaciones del Centro de Justicia Penal.

Dentro de la audiencia, el Juez de control encontró como legal la detención del conductor, por lo que se formuló la imputación a proceso por el delito de homicidio culposo agravante por conducir en estado de ebriedad.

La defensa del culpable solicitó la duplicidad del término constitucional y esta fue otorgada por el juez, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo la mañana del próximo domingo.

Ante esto, al conductor le impusieron como medida cautelar el resguardo domiciliario, por lo que no podrá salir de su vivienda mientras el proceso legal continúa, donde de ser vinculado a proceso podría alcanzar varios años de cárcel.

¿Cómo pasó el accidente?

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 31 de mayo, alrededor de las 4:20 horas, en el cruce de la calle Río Suchiate y la Calzada Abastos, dentro de la colonia Las Magdalenas.

Javier manejaba en segundo grado de ebriedad, una camioneta tipo furgoneta Dodge Ram en color blanco, con logotipos de una empresa lechera. Al llegar al cruce de la Calzada se pasó el alto y se estrelló contra una motocicleta donde viajaban José Alfredo Ávila Gutiérrez de 35 años y su hijo José Alfredo de 11 años, falleciendo los dos en el lugar.

Finalmente la Fiscalía informó que de acuerdo a lo que marca la ley, Javier puede llegar a un acuerdo reparatorio en cualquier paso de su proceso legal, donde tendría que pagar una indemnización económica a los familiares de las víctimas.

De no llegar a este acuerdo, el ahora imputado podría alcanzar de 2 a 8 años de prisión, así como el pago de la indemnización por gastos funerarios.

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