Pese a contar con sistemas de alerta y recursos tecnológicos, Pemex registró pérdidas en sus poliductos por 887 millones 440 mil 721.99 litros de gasolina y diésel, cuando el general Eduardo León Trauwitz fungió como subdirector de Salvaguarda Estratégica, lo anterior equivale a mil 887 millones 440 mil pesos, estimó la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia aseguró que las pérdidas ocurrieron de 2014 a 2017, cuando Trauwitz y un grupo de militares ocuparon puestos para evitar el robo de hidrocarburos.
Los más de 887 millones de litros de hidrocarburos perdidos representan 177 veces más que los hidrocarburos robados y asegurados entre junio de 2019 y junio de 2020, periodo en el que se incautaron 5 millones 462 litros de combustible, de acuerdo con las fuerzas armadas.
En tanto, los más de mil 887 millones de pesos a los que equivalen las pérdidas de Pemex por robo de hidrocarburos en esos años representan 21 por ciento más recursos que el presupuesto destinado este año al programa de becas “Jóvenes escribiendo el futuro”, que en 2020 contó con mil 555 millones 270 mil 680 pesos.
De acuerdo con un expediente judicial de la FGR, del 27 de enero de 2015 al 9 de agosto de 2016 en el poliducto Minatitlán-México se localizaron 40 ubicaciones geográficas con 97 tomas clandestinas, 79 cerradas y 18 abiertas, de las 206 denunciadas por uno de los testigos que declararon contra los militares, mismas que no fueron reportadas.
También en el poliducto Madero-Cadereyta se encontraron dos puntos donde se hallaron cinco tomas denunciadas y no reportadas, además de que el testigo precisó el número de barriles que se sustrajeron.
Trauwitz y los militares bajo su mando tenían la obligación de establecer acciones de protección frente amenazas y riesgos que pudieran afectar a Pemex.
Para la FGR este deber se incumplió cuando no se reportaron las alertas emitidas por el sistema Leaklab, encargado de detectar las tomas ilícitas en tiempo real.
Los militares omitieron reportar las tomas a las autoridades competentes, es decir, a las áreas jurídicas o de mantenimiento de Pemex, así como al MP.
En su lugar emprendieron acciones a través de un adiestramiento empírico al que llamaron “Plan casa mata, manejo técnico, protocolo de seguridad o chequeo” para hacer la inhabilitación irregular de tomas, sin que se expidiera alguna constancia.
Para la FGR, Trauwitz contaba con recursos humanos y sistemas tecnológicos, que le permitían conocer las variaciones en la presión de los ductos y cuyas modificaciones incluso le enviaban alertas en tiempo real.
“Si bien estas variantes no solo podían deberse a tomas clandestinas, sino a fugas o algún otro error, sí indicaban la existencia de un comportamiento fuera de lo normal en los ductos que requería supervisión”, indica la FGR.
Los militares tampoco aplicaban el protocolo de la Gerencia de Seguridad Física, área a la que solo le corresponde la revisión y dar parte a las autoridades, ya que es a la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicio a ductos a la que le corresponde atender y clausurar las tomas clandestinas.
La FGR asegura que los inculpados establecieron programas de capacitación y adiestramiento, sin constancia, para la contención de tomas clandestinas a través de materiales rústicos que permitían su reutilización.
La FGR presume que el grupo de militares tuvo como finalidad actividades relacionadas con la sustracción de petrolíferos y que tales conductas se realizaron de manera permanente y reiterada desde 2014 hasta 2017, estableciendo funciones de dirección, supervisión, identificación de mandos jerárquicos, división de tareas y reparto de roles, conductas que se hicieron en Puebla, NL, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y CdMx.
Según los testigos, desde 2014 comenzaron las acciones irregulares, pues desmantelaban las tomas clandestinas de manera que pudieran utilizarse más veces y se omitía reportarlas a las autoridades.
Procesan 4 por caso de los Moreno Valle
Un juez de control envió a prisión a los cuatro detenidos relacionados con el desplome del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, así como tres personas más, el 24 de diciembre de 2018.
Durante una audiencia, que duró alrededor de seis horas, en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, se imputó a Ricardo “N”, José Antonio “N”, María Magdalena “N” e Israel “N” los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad de declaración dada a una autoridad. El juez otorgó la ampliación del término constitucional de 144 horas a sus defensas para que aporten pruebas a su favor.