Un tribunal federal otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sólo para el efecto de que se le entregue una copia de la versión escrita del auto de vinculación a proceso que le fue dictado.
Asimismo, reiteró que respecto a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en virtud de que se está ante un auto de vinculación a proceso que no hace el desglose del delito, sino de un hecho delictivo, se quedan intocados hasta este momento por no ser el momento procesal oportuno, por lo que se reitera la acreditación de los mismos.
El tribunal convalidó que hay indicios de que Gerardo Sosa probablemente participó en un esquema financiero a través del cual se lavó dinero por 58 millones 200 mil pesos.
En dicho esquema están involucrados al menos 10 proveedores que realizaron diversas transferencias y depósitos a una de las empresas que era operada por diversas personas.
Lo anterior, “para dar una apariencia de legalidad, sin que realmente existiera una justificación jurídica que sustentara dichas operaciones financieras, pues la empresa únicamente servía como fachada, al encontrarse constituida en papel y no contar con personal humano y recursos materiales para operar su supuesto giro”.
Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito indicaron que los indicios señalan que la empresa transfería los recursos a los destinatarios finales, entre los que se encontraba supuestamente Gerardo Sosa.
Esquema financiero, en el que se presume que el quejoso participó, al recibir durante el período comprendido del 17 de octubre de 2017, al 30 de mayo de 2018, diverso numerario.
En la vinculación a proceso quedó establecido que dicha empresa no contaba con declaraciones fiscales, o facturación de productos o servicios que permitiera establecer el origen licito de los recursos que recibía.
“En ese sentido, como lo señaló correctamente el juez responsable, si bien inicialmente los recursos pudieran considerarse lícitos, al provenir de diversas instituciones como…, lo cierto es que al pasar al dominio de…sin justificación jurídica alguna, y ésta transferirlos devuelta a la cuenta del quejoso, como destinatario final, estos se vuelven ilícitos al inexistir un sustento legal que justifique su entrega final”, puntualizaron.
Aunado a que Sosa Castelán probablemente en ningún momento reportó tales ingresos, o justificó su legal proceder, “por lo que ciertamente hasta este momento, existen datos de prueba que permiten establecer indiciariamente que esos recursos provienen de un origen ilícito, al inexistir una justificación para triangular de esa manera las operaciones financieras señaladas anteriormente”, señalaron.
Los magistrados concedieron el amparo para que el efecto de que siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el juez de control emita la versión escrita integral del auto de vinculación a proceso que emitió en audiencia de 6 de septiembre 2020, para que se remitan de nuevo los autos al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, Gregorio Salazar Hernández y se los entregué a Sosa Castelán.
Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal el cambio de medida cautelar para que el ex presidente del patronato abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano, debido a su precario estado de salud. Sin embargo, aún no se fija fecha para que celebre la audiencia.
DMZ