Un Tribunal Federal amparó al General en situación de retiro Rafael Hernández Nieto, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presuntamente responsable del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.
El ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, continuará enfrentando su proceso en libertad para hacer frente a la imputación del Ministerio Público Federal, el cual argumenta que se reunió con integrantes de Guerreros Unidos, de acuerdo con chats de WhatsApp que intervino la DEA.
Por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la resolución dictada en primera instancia por el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
La FGR impugnó porque la juez concedió la protección de la justicia al militar y ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa a la que estaba sujeto.
Asimismo, el Ministerio Público argumentó que no se encuentra garantizada la presencia del quejoso en el proceso y que, incluso, existen pruebas para justificar la imposición de la prisión preventiva, ya que no se encuentra acreditado el arraigo domiciliario, la residencia habitual ni el asiento familiar, lo cual implica un alto riesgo de fuga y de permanecer oculto.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado calificó de inatendibles los argumentos del Ministerio Público Federal y ratificó que debe dejarse insubsistente la resolución emitida en audiencia de 8 de julio de 2023, respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso, y que se emita otra en la que otorgue el carácter definitivo a la revocación de esa medida cautelar y a las decretadas en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el 20 de agosto de dicho año.
Asimismo, el tribunal coincidió con la jueza de primera instancia que “solamente acata y reconoce en sus términos las consideraciones de las dos sentencias condenatorias al Estado mexicano, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como se precisó, son obligatorias y declaran la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa”.
El año pasado, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, celebró una audiencia de revisión de medidas cautelares en acato a un amparo.
Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal no logró justificar la necesidad de cautela en contra del general, motivo por el cual la juzgadora resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva.
Duarte Cedillo ordenó a Hernández Nieto que se presente a firmar de manera quincenal ante la Unidad de revisión de Medidas Cautelares. Asimismo, le solicitó la entrega de pasaporte y visa vigente.
Además, al general se le pidió exhibir una garantía de 50 mil pesos y se le prohibió salir de su estado de residencia, en Puebla, sin aviso previo. Tampoco puede acercarse a testigos o víctimas.
Cabe mencionar que, Elena Jaloma Cruz, administradora de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), presentó como pruebas en este caso las intervenciones telefónicas que realizó la DEA contra integrantes de Guerreros Unidos.
LP