Debido al asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia remitió al parlamento una acusación por genocidio y otros delitos contra la ex presidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020).
"Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (…) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez", informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Torres.
La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo.
De acuerdo con Torres, ésta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, quien está en prisión preventiva desde marzo.
Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión.
Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la ex mandataria.
La aprobación del juicio sólo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo de Evo Morales controla el parlamento, no tiene una mayoría suficiente.
La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, Bolivia.
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de "masacre".
También hay otros dos juicios en curso contra la ex presidenta por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración; el otro por presunto incumplimiento de deberes.
¿Qué hizo Jeanine Áñez?
Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara presionado por mandos militares y se exiliara luego de semanas de protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato.
Después de las elecciones frustradas, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, aliado de Morales, y en marzo fue detenida.
Junto a varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales, es señalada por el actual gobierno y el partido oficialista como coautora de un golpe de estado contra Morales en 2019, el cual realizó con supuesto apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los gobiernos del argentino Mauricio Macri y ecuatoriano Lenín Moreno.
La oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas.
Por otra parte, el informe del GIEI es lapidario con la Justicia boliviana: destaca su "falta de independencia" y la "ausencia de garantías del debido proceso", además del "uso excesivo de la detención preventiva".
La ex presidenta de 54 años se encuentra en frágil estado de salud e intentó suicidarse el sábado cortándose un brazo en la cárcel.
KT