Un Tribunal Federal otorgó un amparo a Brenda Quevedo Cruz, sentencia que ordena revisar si está justificada la prolongación de la prisión preventiva que le fue impuesta hace 17 años, mujer que sigue a la espera del fallo en su proceso penal, tras haber sido señalada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de presuntamente participar en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
Por unanimidad, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal verificar la racionalidad de la prisión preventiva con base a los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema.
Desde hace años, Brenda Quevedo ha demandado enfrentar su proceso en libertad e incluso denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que fue torturada para declararse culpable, lo que dio inicio a una carpeta de investigación.
Jorge Isaac Lagunes Leano, magistrado ponente, propuso declarar fundado el argumento de la quejosa en el sentido de que el Tribunal de Apelación abordó de manera desacertada el criterio emitido por la Primera Sala de la Corte, para efecto de verificar lo prolongado de la prisión preventiva.
“…lo pertinente es verificar si existen razones objetivas que justifiquen que se mantenga en prisión preventiva hasta el día de hoy”, expresó Lagunes Leano.
El magistrado subrayó que se trata de un procedimiento penal que tiene muchos años, pero la SCJN estableció, a partir de los lineamientos que ha desarrollado la propia Corte IDH y que se han acogido en diversos criterios de los tribunales, a verificar la racionalidad de esta medida cautelar.
“Si bien es cierto, se observa que el juez de primer grado sí se pronunció en ese sentido; no obstante, ello, el Tribunal de Apelación estimó que no era pertinente verificar la racionalidad de la prisión preventiva bajo las condiciones de posible riesgo de fuga, el peligro de los testigos o de las partes que intervienen o que vaya a evadirse o prolongar o impedir la prosecución del juicio.
“Estimó el Tribunal de Apelación que eso no era necesario atenderlo, pues ello respondía a una diversa incidencia, no a la que estaba conociendo…”, comentó el magistrado, cuya propuesta fue aprobada por sus homólogos Silvia Estrever Escamilla y Enrique Martínez Guzmán.
Con el amparo otorgado, el Colegiado de Apelación deberá resolver si se justifica o no que Brenda Quevedo siga en la cárcel.
Brenda Quevedo fue capturada en Louisville, Kentucky, con ayuda del FBI, en 2007, a raíz de una orden de aprehensión que giró un juez federal a petición de la PGR, derivado del crimen cometido en 2005.
En noviembre de 2020, Quevedo Cruz presentó una denuncia en la FGR donde aseguró que fue obligada a declararse culpable, tras ser torturada por policías y personal penitenciario en México.
Lo anterior dio origen a la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI-MEX/0000333/2020, la cual está en manos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR.
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