Un tribunal federal ordenó a un juez de control realizar una nueva audiencia para determinar si el delito de uso indebido del servicio público que se le imputó a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), ya prescribió.
En sesión celebrada este jueves, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo a la ex funcionaria, mismo que ordena a Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, dejar sin efecto la resolución que dictó en la audiencia celebrada el 26 de octubre de 2020.
- Te recomendamos Rosario Robles da positivo a covid; tiene síntomas de gripa: Mariana Moguel Policía
El juzgador rechazó realizar una interpretación respecto si el artículo 114 Fracción IV de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria deroga o no el delito por el cual se sigue el proceso, y si se actualiza la hipótesis de la fracción VII del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), para determinar si el caso debe ser sobreseído.
La magistrada Emma Meza Fonseca y su homólogo Juan Carlos Ramírez Benítez señalaron que el pronunciamiento del juzgador no fue fundado y motivado, además de que sí está facultado para llevar a cabo una interpretación de la fracción VII del artículo 327 del CNPP. El magistrado Ricardo Pérez Calderón no compartió el sentido del proyecto.
Ahora, Ganther Alejandro deberá señalar fecha y hora para la reposición de la audiencia y pronunciarse y analizar el planteamiento referente al artículo, para saber si este deroga o no el delito que se le sigue a la ex funcionaria.
El tribunal colegiado revocó la resolución del juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual le negó la protección de la justicia.
En diciembre pasado el juez de control rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a Rosario Robles el 13 de agosto de 2019, la cual la mantiene interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
El juzgador determinó que la prisión domiciliara no resulta procedente en atención a la edad y mucho menos a sus padecimientos y estado de salud, porque estos últimos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias.
El juzgador sostuvo que en cuanto a las consideraciones que estimó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, al imponer la prisión preventiva, no ha variado lo relativo a la contradicción consistente en que ella aseguró que se encontraba de vacaciones en Costa Rica, mientras que su defensor señaló que estaba en un curso.
Lo anterior, porque no exhibió hasta la fecha algún dato de prueba que acreditara su viaje, en los términos que manifestó que eran vacaciones, o bien, alguno que demostrara el motivo por el cual la defensa señaló que se encontraba en un curso.
Alejandro Villar indicó que los aspectos que subsisten en su contra destaca lo relativo a que no varió la existencia del oficio Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), el cual señaló que se encontraba en Costa Rica, cuando dijo que no cuenta con recursos.
DMZ