Tribunal rechaza amparar a 'El Rey del Outsourcing' para cancelar orden de aprehensión

Raúl Beyruti pretendía que la FGR solicitara a un juez de control la cancelación de la orden de aprehensión.

Raúl Beyruti, presidente de GIN Group. (GIN Group)
Rubén Mosso
Ciudad de México /

Un Tribunal Federal rechazó amparar al fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, El Rey del Outsourcing, quien pretendía que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a un juez de control la cancelación de la orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil 705 pesos.

Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó amparar al quejoso.

Juan José Olvera López, magistrado ponente del caso, estimó que el fiscal encargado del caso no violó los derechos fundamentales del empresario por el solo hecho de no haber accedido a su pretensión de cancelar la orden de captura.

El ponente explicó que el fiscal no tiene la facultad de solicitar al juez la cancelación de la orden de aprehensión sólo porque se lo pide el destinatario de esa orden, luego de que éste argumentó que presentó nuevos datos de prueba para desvirtuar la acusación en su contra.

“…si el quejoso estima que dispone de datos de prueba para anular la orden de aprehensión, para eso está diseñada la audiencia a la que le están llamando, en donde el proceso natural le da la oportunidad de que él pueda aportar información para que el asunto ya no continúe, que es la pretensión del quejoso, para él está diseñada la audiencia inicial”, dijo Olvera López.

La propuesta fue avalada por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio y Horacio Armando Hernández Orozco.

El Tribunal tiene pendiente por resolver otro amparo del empresario, pero en este asunto no se quisieron pronunciar más sobre el fondo de la orden de aprehensión.

Se presume que Beyruti Sánchez probablemente recibió los 4 millones 335 mil 705 pesos de cuatro empresas factureras por concepto honorarios asimilados.

Los depósitos presuntamente se realizaron entre 2014 y 2017, de compañías que fueron constituidas en San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México, entre 2008 y 2015.

JLMR

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