Un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reasuma su competencia para conocer y resolver el amparo en revisión que interpuso Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien busca tener acceso a la carpeta de investigación que integra en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal indicaron que este asunto escapa de sus manos, motivo por el cual la Corte debe analizarlo.
Hace unos meses, Rosa María Cervantes Mejía, jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, rechazó amparar a Elías Beltrán, quien pretendía que se ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) que le permita tener acceso a la carpeta de investigación que integra en su contra.
Ante esta situación, el ex funcionario interpuso un recurso de revisión que fue admitido a trámite por el Tribunal Federal, pero los magistrados señalaron que es necesario que la Corte realice una interpretación directa a un precepto de la Constitución, como lo es el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, el cual señala:
“El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. … B. De los derechos de toda persona imputada: … VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo…”
En su demanda, Elías Beltrán impugnó el acuerdo del 22 de junio de 2021, dictado en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021, en el que se le negó el acceso a los registros de dicha carpeta, en la cual dice él tiene calidad de imputado.
El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Equipo de Investigación B-I de la FECC, respondió que la carpeta se encuentra en etapa de investigación y no existen por el momento datos suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito por el cual se está llevando a cabo la indagatoria.
El ex encargado de despacho mencionó que el 8 de febrero de 2021, se emitió un acuerdo el cual señaló que presentaba un presunto aumento patrimonial que no era explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, por lo que se ordenó enviar el expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que, en el ámbito de su competencia, determinara lo que en derecho correspondiera.
En la demanda, el quejoso afirma que, con motivo de lo anterior, se presentó denuncia en su contra en la FGR por la comisión de hechos probablemente constitutivos del delito de enriquecimiento ilícito.
JLMR