La Ciudad de México es de una de las pocas entidades del país en la que los medios de información no tienen acceso a las audiencias penales del fuero común, a pesar de ser de interés público. El Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJCdMx) todavía argumenta la pandemia de covid-19, para impedir el acceso de reporteros a las salas de oralidad.
Penalistas y especialistas en derecho consultados por MILENIO advirtieron que esta medida afecta el principio de máxima publicidad, y viola el derecho a la información de los ciudadanos, respecto al desarrollo de las audiencias públicas.
Destacaron que esta determinación contrapone la transparencia que pretende alcanzar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio – implementado en la capital del país desde el 2016– en los procesos penales. Además, beneficia a las instancias gubernamentales que no quieren que se haga pública cierta información de procesos judiciales.
En la capital del país, el acceso a las audiencias del TSJCdMx para representantes de los medios de información se suspendió en junio de 2019 a causa de la pandemia.
Tres años y ocho meses después, esta medida se mantiene, a pesar de que las actividades normales en el Poder Judicial capitalino y en el gobierno de la Ciudad de México se reanudaron desde hace unos meses.
De acuerdo con la Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las audiencias penales del fuero común en la capital se mantienen cerradas a medios, por un acuerdo del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, con fecha del 14 de marzo de 2022, por la contingencia de covid-19.
“Por cuanto hace al acceso de personas a las salas de audiencias, corresponde al órgano jurisdiccional, en cada caso, atender al presente acuerdo y resolver lo conducente en términos de ley”, señala el acuerdo en el punto de organización de audiencias.
Aunado a lo anterior, dicha coordinación de comunicación social no emite tarjetas informativas o comunicados, sobre el desarrollo y resultado de las audiencias.
En contraste, a nivel federal, la entrada para medios a las audiencias también se suspendió a mediados de 2019, pero el Consejo de la Judicatura Federal reactivó el acceso en noviembre de 2021, es decir, hace más de un año y tres meses.
MILENIO consultó en 16 estados de la República si actualmente hay acceso para los medios de información a las audiencias penales del fuero común. En 15 la respuesta fue afirmativa, con sus respectivas restricciones, mientras que sólo en Veracruz, se mantiene la misma medida que en la Ciudad de México.
Estas 15 entidades son; Sonora, Yucatán, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Sonora, Durango, Tamaulipas, Colima, Querétaro, Nayarit y Coahuila.
Por ejemplo, en Baja California, se puede acceder a las audiencias siempre y cuando se solicite la entrada al poder judicial estatal, e incluso en Mexicali se puede ingresar con cámaras.
En Tamaulipas la entrada está condicionada al número de espacios de la sala de audiencias y a los acuerdos de las partes, mientras que, en Yucatán, se debe pedir permiso previamente a la unidad de Comunicación Social del Poder Judicial estatal.
En el Estado de México, los jueces permiten el acceso a los medios de comunicación, a excepción de casos que simbolicen un riesgo en la revictimización. En tanto, en Hidalgo, la ley faculta que las audiencias sean públicas, con el fin de que accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también medios y público en general.
Consultado sobre el tema, el penalista Gabriel Regino urgió a que se permita de nueva cuenta el acceso a los medios a las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia capitalino, con el fin de que la ciudadanía pueda conocer el desarrollo de los procesos penales que son de interés público.
“Es urgente, es necesario que se abran las puertas a los medios de comunicación. Ya el tema de la pandemia ya no es un argumento eficaz, eficiente, para seguir a puerta cerrada, a piedra y lodo, audiencias donde no solamente se debate la responsabilidad de una persona, sino que lo que está en juego es ver de qué manera se imparte la justicia en la capital del país.
“Se ha perdido este objetivo de la transparencia, y se está retrocediendo en los supuestos avances que íbamos a tener con la implementación de este sistema, como eran la celeridad, la imparcialidad, una justicia eficaz, y una transparencia que están quedando estrictamente como meros anhelos”, apuntó.
El abogado Héctor Pérez Rivera, especialista en derechos fundamentales en el proceso penal, coincidió en que es indispensable que se permita de nueva cuenta el acceso a los medios en las audiencias.
“Me parece que es un tema de desconfianza del poder judicial, un tema de opacidad y un tema de que no se quieren someter al escrutinio de la opinión pública. Me parecería indispensable que se abriera, que se reconociera o se respetara por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el derecho a la publicidad reconocido en el artículo 20 de la constitución.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado pues que existe un derecho de la sociedad a estar informada respecto de su propio sistema de justicia, y que los tribunales deben estar sometidos a ese escrutinio público, y nos parece que la única forma que tienen de hacerlo es a través del acceso a los medios de comunicación”, destacó.
Finalmente, Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., señaló que esta medida es perjudicial para los capitalinos.
“Esto verdaderamente perjudica mucho el derecho a la información al cual debemos tener acceso todos los mexicanos, sobre todo los habitantes de la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia tiene que emitir desde luego los acuerdos correspondientes a fin de permitir que esos medios de información cumplan con su deber e informen de manera detallada a todos los ciudadanos de la Ciudad de México.
“En este nuevo sistema de justicia penal, no obstante, se tiene derecho a esa transparencia, y se tiene derecho a la información. Los tribunales no están acatando por desgracia este tipo de disposiciones”, expuso.
DMZ