Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide ejecutar alguna orden de aprehensión o de detención que haya sido librada contra Saúl Agustín Sosa Castelán, hermano del presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán.
Asimismo, Óscar Damián Sosa Castelán, hermano de los antes mencionados y candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo, también promovió un amparo, pero éste aún no es admitido a trámite, porque Óscar Gregorio Herrera Perea, juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, le pidió aclarar su demanda.
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En el caso de Saúl Agustín, el secretario en funciones de juez, del juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, le concedió la suspensión provisional que sólo lo protege contra cualquier orden que busque ejecutar en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Saúl Agustín es secretario General de la UAEH y se le fijó una garantía de 10 mil pesos.
La semana pasada, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán y a tres personas más, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
El juzgador decretó prisión preventiva oficiosa contra los involucrados, tras una audiencia que duró casi 12 horas y que concluyó a las 03:00 horas del domingo. El juez dio un plazo de tres meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar la investigación complementaria, la cual se podrá ampliar hasta seis meses.
Además de Sosa Castelán, fueron vinculados a proceso María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso. Las mujeres serán internadas en un Centro Federal de Readaptación Social mientras que los varones permanecerán en el Altiplano.
La FGR busca aprehender a Francisco Natalio Zamudio Isbaile, Anastacia Elizabeth Baños Baños, y a las hermanas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas de Gerardo Sosa Castelán, a quienes se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. En el caso de Natalio, también se le acusa de delincuencia organizada.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) judicializó la carpeta de investigación a partir de una pesquisa que realizó, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en 2019.
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, comenzó a investigar a la casa de estudios por un presunto lavado de 156 millones de dólares.