Un tribunal federal determinó que se cometió el delito de desaparición forzada contra Marco Antonio, estudiante de la Prepa 8 de la UNAM, cuando en enero de 2018 estuvo desaparecido, luego de que policías lo acusaron del robar un celular y lo detuvieron.
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La familia del menor de edad deberá acceder a una reparación integral y a una indemnización, justa y adecuada por la violación de derechos humanos.
El tribunal subrayó que ante hechos de desaparición forzada de personas el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas.
En la sentencia se ordenó a los policías Hubel Mora Gallardo, Juan de la Rosa Guzmán, Martín Jesús Martínez González y Ricardo Flores Trejo, de la hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, no acudir a los lugares donde habitan, trabajan, estudian o realizan sus actividades (por ejemplo de recreación), tanto el menor como sus padres. Además, deberán asistir a cursos de capacitación sobre derechos humanos.
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Marco Antonio “N” se encontraba con un amigo en la terminal del Metrobús Rosario cuando dos policías se acercaron y lo detuvieron, sin que lo hubieren puesto a disposición de la autoridad ministerial competente.
El joven estuvo desaparecido cinco días y la PGJ inició una carpeta de investigación por los delitos de extraviado y ausente.
Marco fue hallado en el Estado de México. Sin embargo, por la condición física y mental en que fue encontrado tuvo que ser canalizado para atención psiquiatra.
Ante esta situación, los padres promovieron un amparo para demandar que el caso se investigara por desaparición forzada, por lo que Juan Alfredo Buendía Rodríguez, secretario de juzgado y encargado de despacho, concedió el amparo a la familia de la víctima en enero de 2019.
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Las autoridades capitalinas interpusieron un recurso de revisión y sobre éste, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal falló a favor de Marco.
En la resolución se menciona que las autoridades que conocieron de estos sucesos tenían elementos “razonables” para sospechar que el adolescente había sido sometido a desaparición forzada.
“Los datos que le proporcionaron (a la familia) indicaban que se desconocía el paradero del adolescente después de su detención por policías de seguridad pública de esta localidad y según informes lo habían liberado, pero no se tenía conocimiento del lugar en dónde ocurrió tal hecho y menos las condiciones en que se efectuó, lo que debió advertir que era irregular por no apegarse a la normativa señalada.“Por tanto, con independencia de que no se formulara denuncia, estaba obligada a iniciar una investigación del caso de manera oficiosa, sin dilación, de una manera seria, imparcial y efectiva, conforme a las disposiciones convencionales señaladas y el criterio de la Corte Interamericana, el que es obligatorio por todas las autoridades. Pero ello no lo cumplió”enfatiza el resolutivo.
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