La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por primera vez que las universidades privadas sí pueden ser demandadas por vía de amparo cuando se nieguen a entregar el título profesional a los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos.
El fallo de la Corte sienta jurisprudencia, por lo que ahora jueces y magistrados federales están obligados a dar entrada a las demandas de amparo que se promuevan por este tipo de casos.
El pronunciamiento de la Sala derivó de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados.
Loretta Ortiz Ahfl, ministra ponente del caso, señaló que las universidades privadas se equiparan a una autoridad cuando omiten entregar un título profesional.
En su propuesta señaló que cuando una universidad privada no tramita o entrega un título profesional a un alumno que cumple los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes, está afectando derechos en términos de la Ley de Amparo.
Lo anterior debido a que le impide el ejercicio de su derecho humano a la libertad de profesión, así como la tramitación de su cédula profesional y el registro de los documentos ante el Sistema de Información y Gestión Educativa para que tengan validez en todo el país.
Asimismo, mencionó que los particulares a quienes el Estado les permite prestar el servicio de educación superior a través de una autorización o reconocimiento de validez oficial, al formar parte del Sistema Educativo Nacional, asumen la responsabilidad de cumplir con lo establecido por la Constitución y las leyes que rigen la materia pues, de su observancia estricta, depende el ejercicio efectivo del derecho a la educación.
La propuesta avalada menciona que, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior prevén que las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos de los planes y programas de estudio.
Su propuesta fue apoyada por los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales. El único voto en contra fue de Yasmín Esquivel Mossa.
VRM