El titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, José Raúl Naveda López-Padilla, denunció que algunos centros de atención de adicciones son usados como casas de seguridad para cometer diversos delitos.
Mientras que en otros hay constantes violaciones a los derechos de las personas internas que acuden a estos espacios porque el sector público no tiene capacidad para atender a toda la población adicta.
Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Salud, que analiza en el Congreso mexiquense una iniciativa de ley para garantizar la vigilancia y revisión de los centros de adicción en la entidad.
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Además de llevar a cabo encuestas estatales de adicciones y ludopatía; el funcionario indicó que debido a la pandemia, tienen 24 meses de retraso en la entrega de reconocimientos a todos los espacios que hay.
Los diputados pidieron la asistencia de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para revisar este tema en la siguiente reunión, porque no es posible que estos centros sean sólo "pantalla" o deriven en casas de seguridad, donde lejos de ayudar a la gente se dedican a cometer delitos, en perjuicio de la población.
Por su parte, José Raúl Naveda, indicó que para reunir todos los documentos necesarios, los centros se llevan en promedio 18 meses y luego se da la revisión, pero debido a la pandemia están muy atrasados en el trabajo.
Reconoció que se necesita regulación, pero advirtió que al cerrar estos espacios mucha gente quedaría sin atención.
“En muchos de los centros que atienden temas de consumos de sustancias hay lamentablemente enormes violaciones a derechos humanos. Hay muchos temas que no permiten el tratamiento adecuado porque la propia formación de quienes tienen estos centros no es la adecuada. Si se sobre regulan este tipo de centros corremos el riesgo de que se cierren y no querer atender a las personas usuarias que hoy por hoy el sistema público no tiene capacidad para atender” acotó.
La realidad es que hay muchas recaídas, en promedio ocho de cada 10 internos vuelven, aunado al abandono de la familia, por lo cual en ocasiones los centros ya no saben qué hacer.
¿Cuánto cuesta realizar las encuestas?
Respecto a la posibilidad de hacer encuestas sobre adicciones en la entidad, explicó que las encuestas se llevan a cabo a nivel nacional. Las últimas son de 2011, 2016 y la que se hace de 2023, en lasque se aborda el tema de manera estatal y nacional.
En general, sería imposible cumplir con esta función porque una encuesta nacional cuesta entre 120 y 130 millones de pesos y para llevarla a cabo en la entidad necesitan entre dos y tres millones de pesos, así como personal especializado en levantamiento de datos, sistematización e interpretación.
Tampoco pueden llevar a cabo un censo estatal porque no tienen gente para revisar los 224 centros privados que existen, los cuales nacen y desaparecen constantemente.
El Instituto, por su parte, tiene a su cargo 34 unidades ambulatorias para el tratamiento de consumo de sustancias y una unidad de internamiento.
RM