La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, congelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suma 2 mil 772 demandas de amparo que involucran a 6 mil 271 quejosos.
La ley establece que nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el tope para el presidente de la República.
Entre los funcionarios que promovieron amparos destacan de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de Petróleos Mexicanos, del Instituto Politécnico Nacional, de la Comisión Federal de Electricidad, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional Electoral.
De las 2 mil 772 demandas de amparo, 384 corresponden a jueces, 445 a magistrados, 2 mil 174 a secretarios, 445 a actuarios, mil 226 a oficiales y mil 043 a externos, estos últimos de la PGR, Cofece, Pemex, IPN, CFE, Cisen, INE y el SAT.
Los quejosos interpusieron el “amparo modelo” porque dicha demanda de garantías es exclusiva para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, la cual fue elaborada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, con el que están dispuestos a enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión, cuya mayoría la tiene el partido Morena, afín al presidente López Obrador.
El pasado viernes, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que la minoría del Senado interpuso contra el estatuto y concedió la suspensión que impide que la ley se aplique en dichos términos a comienzos de 2019.
Por esta razón, la ley permanecerá congelada hasta que la Corte se pronuncie si es constitucional o no el estatuto que establece que ningún servidor público federal puede ganar más que el Presidente, a quien se le fijó un tope salarial de 108 mil pesos mensuales, tal y como lo propuso López Obrador.
Lo anterior provocó las reacciones de Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena también en el Senado, quienes se pronunciaron en contra de la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, mismas que después impugnaron a través de un recurso de reclamación.
AA