Las investigaciones por la actuación del personal de Aduanas y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el sexenio pasado se extenderá, revelaron funcionarios federales, quienes señalaron que solicitarán el apoyo del Poder Judicial para revisar casos que llegaron a tribunales federales y con ello verificar si se favoreció a despachos en materia de propiedad intelectual.
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Los funcionarios consultados mencionaron que continúan recabando información para entregarla a la Fiscalía General de la República, porque no solo se ha detectado que retenían contenedores con mercancía legal, sino que también había despachos que presuntamente promovían recursos ante tribunales colegiados, haciéndose pasar como representantes de las empresas que afectaban.
Detallaron que una ex funcionaria que laboraba en la Aduana de Manzanillo se ha convertido en la pieza clave en la investigación. En marzo se le solicitó la renuncia porque presuntamente no permitía que salieran los contenedores de una zona libre de la mencionada aduana.
Lo anterior, para que un despacho que se ostentaba como representante de empresas de marcas importantes solicitara a personal del IMPI su intervención para asegurar la mercancía e imponerle multas altas por supuestamente violar derechos de propiedad intelectual.
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Según las pesquisas, algunos casos llegaron al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, donde un despacho se ostentó como representante de una empresa de marca de renombre, motivo por el cual la compañía inició una disputa para demostrar que al despacho nunca se le extendió un poder notarial.
Recordaron que desde el inicio de la presente administración se revisa la gestión de Miguel Ángel Margáin, quien fue director del IMPI, además de que investigan los conflictos de interés que pudieron existir a partir de su llegada, porque fue abogado del despacho Arochi & Lindner, bufete especializado en asuntos referentes a la propiedad intelectual.
MILENIO ha publicado que las dependencias indagan presuntos actos de corrupción en la Aduana de Manzanillo, donde no se permitía la salida de contenedores de una zona libre de la mencionada aduana, porque varios despachos alertaban al IMPI sobre la introducción de mercancías que supuestamente violaban derechos de propiedad intelectual.
Las autoridades han documentado, a través de denuncias, que a las empresas que se les aseguraba su mercancía se les imponía multas altas, por lo que muchas veces dejaban de pelear por sus productos, mismos que después era vendidos por empleados de aduanas.