A un año de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional e invalidó el delito de ultrajes a la autoridad, contemplado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, al menos 800 personas detenidas inicialmente por eso permanecen en la cárcel, al reclasificarles el mismo por el delito contra las instituciones de Seguridad Pública e imputarles otros crímenes más.
Para los abogados que pugnaron por la derogación del delito, lo que hizo el gobierno de Cuitláhuac García fue simular que cumplía con lo dispuesto en la Corte y usar otro delito para detener a rivales políticos o personas incómodas.
Por el delito de ultrajes a la autoridad fueron detenidos políticos de oposición, candidatos a alcaldes o diputados; alcaldes electos, entre ellos y quien aún está preso, el ex secretario de gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, Rogelio Franco Castán.
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Permanece encarcelado por otros ilícitos que le imputaron posteriormente.
También fueron detenidos y fueron liberados meses después el alcalde de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco; seis jóvenes detenidos en una plaza en Xalapa que en video de seguridad quedó grabado que nunca existió el delito de ultrajes.
También dos líderes de autodefensas, que después de un año presos abandonaron Veracruz, al quedar en libertad ya que les abrieron otras carpetas de investigación para volverlos a encerrar.
“Es una simulación que estamos viviendo en la aplicación de la ley en el estado de Veracruz, ¿Por qué?, porque actualmente hacen la reclasificación al delito contra las instituciones previsto por el artículo 371 del Código Penal Veracruzano. Qué pasa, el anterior delito que fue derogado, que era el de ultrajes, ahorita los jueces a través de la línea que reciben es reclasificar el delito y se quedan presos, esto es muy grave, advirtió Rafael Gómez Casas, vicepresidente del Colegio de Abogados de la República mexicana y defensor de las autodefensas.
En ese mismo sentido Jorge Reyes Peralta, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, señaló que “La autoridad está recurriendo, ya no a ultrajes a la autoridad, sino a otra figura delictiva que es una reclasificación que están haciendo de lo que era ultrajes a la autoridad”.
Los que lograron salir de la cárcel, lo hicieron mediante amparos promovidos por sus abogados, pues ni el Congreso del Estado, ni el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, publicaron en los tiempos establecidos, en la Gaceta Oficial del estado, la resolución de la corte para derogar el delito.
Para finales del 2022, cuando el tema mediáticamente se había desvanecido, los jueces sobreseyeron los pocos casos que aún quedaban pendientes, explicó Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y abogado del alcalde de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco.
“Están ahorita integrando carpetas de investigación por el delito contra las instituciones de seguridad pública, ¿sustituyeron un delito por otro?, así es, y lo siguen haciendo, entonces pues seguimos en las mismas”
Los jueces no decretaron la libertad inmediata como debían hacerlo, apuntó Reyes Peralta. “Todavía sufrimos por los jueces, porque los jueces decían, no está publicado en la gaceta del estado, tienen que hacer ustedes que se publique, lo cual era totalmente incierto ¡Es cierto que la mayoría salió por amparo y no por la derogación del delito? La gran mayoría de las personas que salieron de la cárcel han salido vía a través de los amparos indirectos, no porque el juez haya fallado como era su obligación oficiosamente decretar la liberta, no lo hicieron”.
El 28 de enero del 2022, un mes antes del fallo de la SCJN, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giádans, informó en comparecencia ante el Congreso del estado, que en las cárceles de Veracruz había mil 033 personas presas por ultrajes a la autoridad.
Entre ellos había 40 jefes de la delincuencia organizada, aseguró el gobernador Cuitláhuac García, quien reclamaba que con la derogación del delito saldrían libres.
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Sin embargo, en conferencias de prensa del 1 de marzo del 2022, el mandatario señaló que solo 200 presos saldrían de la cárcel al derogarse el delito, pues a la mayoría ya les habían abierto otras carpetas de investigación y cumplimentado órdenes de aprehensión por otros delitos.
Los abogados advierten con preocupación que ahora los jueces están siendo presionados para mantener en la cárcel a quienes detienen por el delito contra las instituciones de seguridad pública.
Tan es así, que sólo en el mes de febrero, en comunicados emitidos por la Fiscalía General del estado, 54 personas han sido detenidas e imputadas por ese delito; una vez presos les buscan otros ilícitos más para mantenerlos presos.
“Cuando hay una resolución que no les favorece a los caprichos de los gobernantes en turno lo más fácil es irse sobre el juez y amenazarlo que le van a abrir una carpeta de investigación, que lo van a investigar, que se van a quejar en el consejo de la judicatura. No podemos nosotros tener a los justiciables en manos de los caprichos de los gobernantes”, dijo Jorge Reyes.
Gómez Casas lamentó la persecución que se está dando contra los pocos jueces que buscan cumplir con la ley.
“Los jueces que son garantistas están siendo cesados, están siendo cooptados y les están inventando hechos inexistentes simplemente por no cumplir con la línea ordenada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y por el mismo gobernador, ante ello vamos a promover un juicio de amparo para que el delito contra las instituciones también sea derogado”.
DMZ