Decenas de defensores de derechos humanos, periodistas, comisionados de transparencia, profesores y activistas, así como diez organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y anticorrupción expresaron su preocupación por la salud y la vida de Yolli García Álvarez, ex comisionada de transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), quien desde 2020 se encuentra en prisión preventiva y lleva 670 días sin sentencia.
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En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Namiko Matzumoto, y otros funcionarios públicos de la entidad, los inconformes informaron que la vida de la ex comisionada de transparencia está en riesgo luego de ser internada, el pasado 16 de enero, en el Hospital Civil de la entidad por un grave problema cardíaco.
“La ex comisionada, mujer y colega con la que hoy nos solidarizamos, requiere una cirugía de corazón y debe permanecer en el Hospital Civil u otro nosocomio que garantice la atención médica adecuada para recuperar la salud”, expresaron.
Por ello, manifestaron su preocupación de que, en caso de ser reingresada en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, “no existan las condiciones para garantizar su salud, sin seguimiento médico ni dieta adecuada para evitarle incluso una trombosis estando en reclusión”.
Manifestaron que la afección cardíaca que hoy la tiene internada fue empeorando desde que fue encarcelada en marzo de 2020, acusada de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición.
Aunque la Fiscalía General de Veracruz imputó a los tres ex comisionados del IVAI, sólo a ella le dictó prisión preventiva, mientras que sus dos ex compañeros siguen el proceso en libertad.
Ante ello, los activistas y defensores de derechos humanos acusaron una “desproporcionada reacción del sistema de justicia” y un trato diferenciado que “evidencia la violencia política de género contra Yolli García”.
Explicaron que los tres entonces comisionados aprobaron por unanimidad las mismas decisiones por las que se les acusó, pero que a la fecha, Yolli García es la única que está en condiciones de reclusión.
La Fiscalía General de Veracruz le imputó los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición y después, el de incumplimiento de un deber legal, luego de que el titular del Órgano Interno de Control del IVAI, Alfonso Velázquez Trejo, la denunció por autorizar dos nombramientos y no contestar unos oficios de asignación presupuestal.
En la carta, que también está dirigida a Roberto Ramos Alor, secretario de Salud de Veracruz; a Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz; al titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Veracruz, Laureano Suárez, y al director del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Veracruz, Fidencio Pérez Rojas, exigieron “garantizar en lo inmediato la estancia de Yolli García en el Hospital Civil de Veracruz u otro nosocomio que garantice la salud y la oportuna recepción de los servicios de salud como la cirugía, cuidados y la atención que requiera”.
Aseguraron que “su vida depende de ello” e hicieron responsables a estas autoridades sobre su estado de salud.
Piden proceso en libertad
Además, las organizaciones y ciudadanos exigieron a las autoridades garantizar que el caso de Yolli García Álvarez “se lleve con apego irrestricto a la normativa internacional de respeto y garantía a los derechos humanos, con el objetivo de que lleve los procesos que se abrieron en su contra, en estado de libertad, conforme a lo que por ley corresponde, con lo cual se detendría la violencia política de género ejercida en su contra por casi dos años”.
Y demandaron “resarcir y reparar los daños causados desde su arbitraria detención y reclusión derivados de la violación a sus garantías de seguridad jurídica consagradas en los marcos internacionales, 3 de 6 pág. constitucionales y legales en el marco de derechos humanos; así como por la violencia de género ejercida en su contra”.
Entre los 117 firmantes se encuentran Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco; María de Carmen Nava Polina, comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Alma Cristina López de la Torre, comisionada del Instituto de Transparencia de Durango; Francisco González, ex comisionado de transparencia en Jalisco; Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, ex comisionada del Instituto de Transparencia de Quintana Roo, y la ex diputada Martha Tagle, entre otros.
Además, algunas organizaciones firmantes son Colores del Rincón, Designaciones Jalisco, Innovación Cívica, Inteligencia colectiva, red de impulso a la gobernanza, Mexiro, Observatorio Ciudadano de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Durango, la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa, Tejiendo México y Transparencia por Quintana Roo.
DMZ