La tortura “sistemática” y “generalizada” que ocurrió en la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hoy tiene en la cárcel a Jesús Murillo Karam.
Al determinar vincularlo a proceso y mantenerlo encerrado en el reclusorio Norte, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia remitió al caso en particular de Agustín García Reyes, El Chereje, quien fue sacado de su casa en Cocula durante la madrugada y trasladado a instalaciones militares, donde comenzaron los actos de tortura para que “confesara” su participación en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
“Di que eres halcón para que te den menos años”; “tú inventa, tú di que trabajas para Guerreros Unidos”; “voy a soltar a tu esposa y a tu hijo”; “no te vamos a soltar hasta que te aprendas esto”; fueron algunas de las frases que el juez citó durante la audiencia y que constan como actos de tortura en la carpeta de investigación.
“Los agentes ministeriales le decían esto mientras le pegaban con un objeto metálico en la nuca y le obligaban a firmar algunas constancias”, leyó el juez.
De acuerdo con la acusación de la FGR, luego de estar varias horas sometido a tortura física y psicológica en instalaciones militares, García Reyes fue trasladado por la noche a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo), donde continuaron los actos de tortura.
“¿Qué tipo de verdad histórica obtiene declaraciones con tortura?”, cuestionó el juez Fuerte Tapia, quien enfatizó asegurando que ésta estuvo lejos de considerarse “la verdad histórica de los hechos”, un vocablo que se utiliza comúnmente en el sistema penal tradicional.
El juez de control también aludió, como parte de la tortura a la que fue sometido García Reyes, la diligencia realizada el 28 de octubre de 2015 en el río San Juan, en Cocula.
El juzgador dijo que, además de ser “irregular” por varios motivos de procedimiento, esta diligencia fue ilegal por los actos de tortura a los que había sido sometido El Chereje y que atentaron contra sus derechos humanos.
Y es que esta diligencia, a la cual se refiere la FGR como “montaje”, fue fundamental como parte de la narrativa de la “verdad histórica”, pues de acuerdo a la entonces Procuraduría General de la República, García Reyes “confesó” que en el río San Juan arrojaron en bolsas los restos de los normalistas, tras ser incinerados en el basurero de Cocula.
Otro elemento que consideró el juez de control para vincular a proceso por el delito de tortura contra Murillo Karam fue la declaración de Bernardo Cano Muñozcano, quien era secretario particular de Tomás Zerón, y confesó que las entrevistas ministeriales realizadas fueron “irregulares”, pero en su descargo afirmó que en ese momento creyó que “así trabajaban”.
Para su determinación, el juez Fuerte Tapia incluso remitió a lo dicho por la asesora jurídica de las víctimas, Daniela Aguirre, quien sostuvo que, durante las conferencias de prensa en las que presentó video de las declaraciones de los torturados, Murillo Karam pudo haberse dado cuenta en las condiciones físicas en que se encontraban los testigos, tras los constantes actos de tortura.
El juez de Control sostuvo que era “inverosímil” y “altamente improbable” que Murillo Karam no conociera cómo se llevaron a cabo estos actos de investigación, en particular realizados por su subordinado directo Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
“Es contrario a la lógica que se hicieran a sus espaldas”, aseguró.
Al tener conocimiento, abunda la acusación, omitió denunciarlos y por tanto los consintió.
El juzgador también determinó vincular a proceso a Murillo Karam por tortura con base a dictámenes médicos, psicológicos y del Protocolo de Estambul acreditados contra Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez, Jonathan Osorio Cortés, y el propio García Reyes, presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
DMZ