La Fiscalía General de la República (FGR) imputó el ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, y solicitó su vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos, revelaron funcionarios judiciales.
La audiencia se llevó a cabo en el reclusorio Norte a través del sistema de videoconferencias y la presidió un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La diligencia inició alrededor de las 15:20 horas y se prolongó por cinco horas.
La defensa de Garcés Rojo solicitó el diferimiento de la audiencia bajo el argumento de que no se encontraba impuesta de la carpeta de investigación, solicitud que fue negada por el juez.
Tras la imputación, Víctor Manuel Garcés se reservó su derecho a declarar. Posteriormente, los fiscales solicitaron la vinculación a proceso.
Garcés Rojo solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se defina su situación jurídica, por lo que el próximo lunes se reanudará la audiencia.
El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido al delito de delincuencia organizada.
Este caso es el mismo por el cual se ordenó aprehender al ex presidente de la cooperativa, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas; el ex director financiero, Mario Sánchez; el ex director jurídico Eduardo Borrell, y además del abogado externo Ángel Junquera.
La Fiscalía General de la República presume que, durante al menos seis años, los antes mencionados se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la cooperativa.
Se cree que autorizaban y realizaban pagos por servicios inexistentes a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron el destino de los recursos, causando un perjuicio a la cooperativa.
El asunto tuvo su origen por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual consideró que Billy Álvarez y las otras personas diseñaron un esquema para desviar recursos para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales hacia otros lugares en el extranjero.
La FGR cuenta con entrevistas realizadas a implicados que solicitaron un criterio de oportunidad, mismos que aportaron datos sobre el desvío de un fideicomiso que fue descapitalizado, el cual estaba destinado para el pago de pensiones a jubilados, y como se generaron esquemas para crear empresas fachada o fronting, a las cuales se mandaban recursos bajo el pretexto de algún servicio inexistente, para luego extraer de dichas compañías el dinero.
Algunas de las empresas diseñadas para este esquema, señalaron al agente del Ministerio Público Federal, son: Expertos en Asesoría Empresarial, K&C Consulting, Asesorías Profesionales Eicer, Plexival, Trans Nau, Aura Desarrollo Social, Servicios Profesionales Baal, Corporativo Facundia, Hesperia Imagina y Margen Asesores.
Garcés Rojo fue aprehendido el pasado 10 de junio en la esquina de las calles Lamartine y Homero, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, por elementos de la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina.
Está interno en el reclusorio Norte porque enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en el delito de falsedad ante autoridades cometido en marzo de 2017 y se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Hace unos días, una jueza federal le otorgó una suspensión provisional que impide en estos momentos que pueda ser trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
DMZ