Una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quienes son acusados por presuntamente ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal superior a los 3 mil 400 millones de pesos.
En una audiencia de alrededor de 22 horas, Patricia Sánchez Nava inició proceso penal contra Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; así como Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
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Los ex servidores públicos fueron procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Además, les fijó el plazo de tres meses de investigación complementaria.
En la diligencia la defensa reveló que en la carpeta de investigación obra un acuerdo reparatorio “de cumplimento inmediato” que alcanzaron la empresa Inmobiliaria DIP S.A. de C.V., encargada de los proyectos de los cuarteles policiales en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Dicho acuerdo fue suscrito en noviembre pasado con el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un monto de 970 millones 976 mil 940 pesos, el cual exigieron que aplicara para todos los acusados y así se decretara la extinción de la causa penal al quedar resarcido el daño.
“Con este acuerdo se tiene que toda vez que se suscribió, cumplió y aprobó, ha quedado extinta la acción penal con Inmobiliaria DIP y pido que alcance a mi defendida y los demás imputados”, dijo el abogado de Elizabeth Villegas.
Aunque los abogados de los acusados leyeron en la sala de audiencia el documento del acuerdo reparatorio, personal de la Contraloría de Michoacán rechazó que este ya acuerdo se haya cubierto de inmediato al mencionar que aún se estaba negociando.
No obstante, al resolver la situación jurídica de los imputados, la juzgadora señaló que este acuerdo para la reparación del daño se alcanzó entre la compañía y el Ministerio Público Federal antes de que se judicializara el caso, por lo que solamente aplica en beneficio de la firma.
“Este acuerdo se realizó con el Ministerio Público cuando la carpeta de investigación no estaba judicializaba y rebasa a este órgano jurisdiccional”, dijo la jueza Sánchez Nava.
En el debate, el abogado Alexander Rubén Castillo, defensor de Carlos Maldonado, reiteró en diversas ocasiones que los contratos vinculados a los cuarteles policiales no fueron autorizados por su cliente, si no por el comité y subcomité de adquisiciones del gobierno del estatal.
Entre los medios de prueba, el litigante presentó dos peritos entre ellos uno especializado en grafoscopía, con la finalidad de desvirtuar las firmas de 12 documentos sobre pagos y transferencias que lo vinculaban con el supuesto daño patrimonial.
El experto determinó que por lo menos siete de estas firmas no correspondían con las características de la rúbrica de Maldonado.
Sin embargo, la jueza desechó su dictamen al considerar que no eran suficientes para desacreditar los documentos presentados por la fiscalía.
Niegan cambio de medida cautelar a dos acusados
A las 9:00 horas de este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, inició una nueva audiencia en la que tres de los imputados buscarían un cambio de medida cautelar, ya que el ex secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, fue el único que descartó presentar dicha petición.
Cuando arrancó la comparecencia, la defensa Elizabeth Villegas se desistió de buscar un cambio en la prisión preventiva dictada por la juzgadora, por lo que únicamente J. Antonio Bernal y Mario Delgado Murillo formalizaron su petición.
Aunque el primero de ellos presentó documentos para acreditar arraigo domiciliario y segundo ofreció su visa y pasaporte para obtener una medida provisional o condicional, la jueza consideró infundadas las peticiones debido a que ninguno de los acusados presentó argumentos que impliquen una variación en las condiciones de su proceso,
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