Exalcalde de Singuilucan vinculado a proceso por desvío de más de 100 millones de pesos

Se le imputan dos delitos relacionados con el uso irregular de fondos públicos y la omisión en el cumplimiento de una sentencia laboral.

M.T.V., exalcalde de Singuilucan, fue detenido por presunto desvío de recursos públicos
Pachuca /

El exalcalde de Singuilucan, identificado como M. M. T. V., fue vinculado a proceso penal por dos delitos cometidos durante su gestión entre 2020 y 2024: uso ilícito de atribuciones y facultades, e incumplimiento de un deber legal agravado.

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El pasado 23 de octubre, autoridades le ejecutaron dos órdenes de aprehensión. La primera responde a que, en su calidad de presidente municipal, solicitó recursos extraordinarios “para resolver las necesidades apremiantes y atender la problemática social del municipio”, bajo conceptos como “sanitización de áreas comunales”, “papelería y artículos de escritorio”, “traslado de maquinaria”, “renta de maquinaria” y “sueldo de personal eventual”, entre otros.

Según las indagatorias de la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, con esos recursos —que sumaron 109 millones 645 mil 325 pesos— el exedil presuntamente celebró de manera ilegal 161 contratos con 22 personas físicas y morales.

El segundo delito se refiere a que, en el mismo cargo, “dejó de cumplir con las funciones inherentes a su responsabilidad, toda vez que omitió atender el proceso laboral 253/2016, mismo que generó el pago de obligaciones económicas señaladas en el laudo dictado en el citado expediente, por la cantidad de 16 millones 355 mil 405 pesos”.

Tras ser puesto a disposición de un juez de control, se llevaron a cabo las audiencias en las que el Ministerio Público le formuló las imputaciones respectivas por cada una de las conductas con características de delito.

Con base en los datos de prueba aportados por la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, la autoridad judicial emitió el auto de vinculación a proceso contra M. M. T. V.

Como medida cautelar, se decretó prisión preventiva. Además, se otorgaron plazos de tres meses y cuatro meses, respectivamente, para continuar con la investigación complementaria en cada caso.


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