Vinculan a proceso a 7 trabajadores de Dirección de Pensiones por fraude millonario en SLP

Los hechos por los que enfrentan un proceso penal son el desvío de recursos en la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí, por lo que el juez también les dictó prisión preventiva justificada.

También se les dictó prisión preventiva justificada.
Rocío López
San Luis Potosí /

La Fiscalía General estatal de San Luis Potosí informó que un juez de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada contra los siete implicados en el fraude millonario de la Dirección de Pensiones del estado.

El juez de control concedió a la Fiscalía, como medida cautelar, la prisión preventiva justificada, debido a que consideró suficientes los alegatos de los agentes fiscales sobre el riesgo de que los detenidos puedan sustraerse de la acción de la justicia.

Además, el juez fijó dos meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía podrá aportar más datos de prueba contra los señalados de los delitos de peculado y ejercicio abusivo de la función pública.

Ricardo “N”, tesorero de Pensiones; Juana Patricia “N”, ex colaboradora de la Dirección de Pensiones y que actualmente era servidora pública; Ana Paola “N”, administradora única de la empresa moral Trapesa y su esposo Neftali “N”; la particular Ana Lilia “N” y Arturo “N”, gerente y representante de una institución bancaria, fueron detenidos en sus viviendas la madrugada del lunes 29 de enero durante un operativo.

Los hechos por los que enfrentan un proceso penal son el desvío de recursos en la Dirección de Pensiones para incrementar el patrimonio de personas particulares por al menos 200 millones de pesos, pero que podrían ascender hasta los 700 millones.

Además de las detenciones, se realizaron cateos en diversas propiedades, donde la autoridad aseguró inmuebles, joyas, relojes de lujo, bolsos de diseñador y vehículos de alta gama que tenían bajo resguardo los imputados.

Los detenidos enfrentarán acusaciones por los delitos de ejercicio abusivo de la función pública con una expectativa de pena de dos a 12 años y peculado cuya penalidad va de los cinco a 15 años de cárcel.

RM

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