Un juez federal vinculó a proceso al ex director jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Febo Trujeque Ramírez, y a siete servidores y ex funcionarios públicos más, por presuntamente permitir un pago por más de 830 millones de pesos a la empresa Selecciones Médicas del Centro, perteneciente al Grupo Fármacos Especializados.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), la empresa presentó a pago facturas que ya habían sido pagadas por la propia institución.
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El agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), señaló que los imputados no defendieron adecuadamente los intereses del ISSSTE y probablemente permitieron un pago doble, ya que no verificaron y siguieron protocolos, lo que propició que el instituto perdiera un juicio mercantil que entabló la compañía.
Los hechos, de acuerdo con la FGR, se registraron entre 2019 y 2020 durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, como director General del ISSSTE, quien a fines del año dejó el cargo para asumir la dirección de Nacional Financiera.
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, determinó que los datos de prueba aportados hacen presumir la responsabilidad de José Febo en el supuesto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal.
Por el mismo presunto delito se vinculó a proceso a Marx Yazalde Ortiz Correa, quien fungió como subdirectora jurídica; Sandy Toledo Sánchez, coordinadora de administración de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales, e Irma Merlos Merlos, quien hasta 2020 fue subdirectora de Programación y Presupuesto del ISSSTE
También se vinculó a Juan Carlos Larrieu Creel, Sebastián López Herrera, Juan Daniel Álvarez Santillán y a Javier Mejía Estañol, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de servicio público, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de algún organismo descentralizado, por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
En el caso de Sebastián López, en la hipótesis que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales; a Juan Daniel igualmente se le agregó la presunta comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis de que el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal, además del de abogado patrono y litigante, en la hipótesis de abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando un daño.
Por solicitud de la FEMCC, se acordó procedente la imposición de medidas cautelares, consistentes en presentación mensual, así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El juzgador decretó tres meses de plazo para que la FGR y la defensa realicen la investigación complementaria.
FS